Chihuahua
Carta de no antecedentes penales obstáculo para conseguir trabajo
El Heraldo de Chihuahua
16 de febrero de 2009

De la redacción

Chihuahua, Chihuahua.- Considerada un requisito indispensable para poder acceder a un empleo, la carta de no antecedentes penales se vuelve un obstáculo para quienes cometen un delito por primera vez, y que después pagan la reparación del daño y compurgan la condena dictada por un juez.

El documento que es autorizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue siendo un problema para quien ya se rehabilitó y que no puede reintegrarse a la sociedad y que al mismo tiempo corre el riesgo de convertirse en un delincuente en potencia.

Para jueces y abogados la única solución es una alternativa en conjunto que permita al primodelincuente poder reintegrarse y ser un hombre de bien.

Para el juez del Tribunal Oral, Héctor Javier Talamantes Abe, el Nuevo Sistema de Justicia Penal está funcionando bien con el apoyo decidido de la PGJE a través de su titular Patricia González, así como del director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, César Martínez Acosta y de Karla Teresa Jacont, jefa de Medidas Judiciales, quienes supervisan que los imputados cumplan con las medidas que les son impuestas por los jueces.

De esta manera, señala, se puede revisar si una persona que cometió un delito por primera vez y que tiene el beneficio de la libertad condicional está cumpliendo o no, y por ello se debe de revisar los casos en donde dichos imputados al cumplir su condena y pagar la reparación del daño deben de tener derecho a la carta de no antecedentes penales para poder salir adelante y reintegrarse a la sociedad.



REINSERCIÓN SOCIAL ¿EXISTE?

De acuerdo con la ley, el aspecto de la reinserción social es la base de nuestro nuevo sistema penal, ya que se busca no castigar al delincuente sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad.

Las obligaciones de los Estados constituyen derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la Constitución manda a que se críen centros penitenciarios adecuados para promover la readaptación del delincuente y está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación a la sociedad, reincorporación que debe de traer una formación integral que permita al delincuente alcanzar una vida honrada y digna, al momento de dejarlo en libertad.

Sin embargo, Talamantes Abe indica que existe el problema de la reinserción social de aquellos quienes cometen un delito por primera vez, que pagan la reparación del daño y que no pueden ser reinsertados en la sociedad, porque al buscar trabajo les piden una carta de antecedentes no penales y pese a haber cumplido con todo, la autoridad les niega dicha carta.

Un ejemplo de lo anterior, dice, es el caso de un joven, quien acompañado de otra persona cometió un delito, purgó su condena y pagó la reparación del daño.

"Él y su amigo fueron un modelo de cómo cumplieron con todo lo que se les ordenó y después que deciden hacer las cosas bien acuden a la PGJE a solicitar una carta de antecedentes no penales y, claro, en dichos documentos se señala que la persona fue procesada y por lo tanto ese papel no le sirve para buscar trabajo, porque se lo niegan con esa carta. Entonces falta efectuar otras reformas que garanticen la verdadera reinserción", sostiene el juzgador.

Señala que los jueces tienen que enfrentar a los empresarios de la iniciativa privada, pues estos últimos se enojan porque los delincuentes que cometen robos menores, de entre 200 y 500 pesos, son dejados en libertad, toda vez que el monto de lo robado no constituye una falta grave para poderlos condenar, y máxime cuando son personas que roban para seguir consumiendo drogas.

HAY MUCHAS QUEJAS: CEDH

José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señala que "a los primodelincuentes se les dificulta encontrar trabajo; de por sí ya es complicado conseguir trabajo. Tenemos peticiones de personas que se quejan por eso", dice.

Ante ello sostiene que el no tener la carta de no antecedentes penales restringe oportunidades de forma definitiva, "tan sólo el año pasado acumulamos alrededor de quince peticiones de personas que vinieron a quejarse porque no consiguen trabajo por la falta de la carta y pedían a la comisión que se investigara esa garantía".

José Luis Armendáriz señala que quienes cometen un delito e intentan reintegrarse a la sociedad son objeto de discriminación "esto tiene que evolucionar; si en su momento se justificó la razón de ser de esa ficha, tiene que evolucionar el sistema hacia una forma de no restringir oportunidades a esa gente, porque resulta que cuando una persona cumple una pena, la carta de antecedentes se convierte en una pena ya de por vida porque las personas "quedan marcadas de por vida".

Como alternativas sugiere que la ficha se siga conservando, en la cual únicamente tengan acceso los jueces para efectos de determinar si dicha persona es reincidente, pero que esa ficha no estuviera a disposición de cualquier individuo ni se exigiera como forma "de conseguir trabajo, porque se traduce en una pena trascendente que ya marcó al individuo de por vida y creo que se tiene que hacer un análisis y establecer que no se exija como forma para conseguir trabajo y que sí se mantenga para efecto de determinar reincidencia y ya en la reincidencia el juez pueda agravar o quitar beneficios de preliberación en base a eso. Pero que nada sirviera para efectos penales y no para efectos laborales, porque se supone que si es un ladrón en un momento dado ya pagó la pena. "Que al menos en los primodelincuentes no aplique la carta de antecedentes no penales para darles esa oportunidad de reintegrarse a la sociedad como hombres de bien".



EMPRESARIOS DEBEN DE COLABORAR CON PROYECTOS

Para el juez Héctor Javier Talamantes Abe los empresarios se molestan por los imputados (detenidos) que son reincidentes, pero poco a poco el sistema tiene medidas y mecanismos para decirle a la gente que tiene que cumplir con la ley, si no lo hicieron por las buenas, ahora por las malas en el último de los casos y cuando incumplan lo que se les impuso.

"No es cierto que los imputados andan libres", aseguró.

Indica que al menos de los casos que él le ha tocado participar, cinco de los detenidos han reincidido en delitos de tal manera que se les ha revocado el beneficio de la libertad condicional.

Asimismo sostiene que hacen falta empresas que les den trabajo a los imputados para que puedan pagar la reparación del daño, por lo que los empresarios en vez de quejarse deberían de invertirle a un proyecto en donde se pueda emplear a los imputados y que estos paguen el daño cometido. Pero todo ello se debe de realizar con la vigilancia adecuada.

Indica que hay empresas que proporcionan fianza para que los internos puedan salir del penal, pero en realidad no existe una manera de hacerlos pagar el daño cometido y una de esas opciones sería que trabajaran y que una parte de su sueldo fuera destinada a la reparación del daño.