México
El "testigo protegido" ha dejado en entredicho a las autoridades
 

 
 
 
Organización Editorial Mexicana
6 de abril de 2014


POR NIDIA MARÍN / Primera de dos partes / El Sol de México

Considerados "males necesarios", los testigos protegidos o "aves canoras", han dejado en entredicho a las autoridades mexicanas durante 18 años, desde la instauración de la figura. Como dicen los abogados: "son como los camarones, con uno que salga malo tienes para la intoxicación."

En México no ha sido solamente un mal sabor de boca, por lo menos en los últimos 12 años, sino violaciones a los derechos humanos de decenas de ciudadanos e ingresos injustos a la prisión por largos periodos, debido a la maledicencia declarativa de un buen número de los aproximadamente 500 testigos, entre los cuales hay muchos pillos, que han estado bajo los reflectores.

Varios cayeron cuando se quitaron las botas. "De 1997 a 2009, testigos que oficialmente formaban parte de dicho programa, como Tomás Colsá McGregor, el comandante Jaime Olvera, el militar Humberto Capelleti, el testigo identificado como Noé y los más recientes, Jesús Zambada Reyes y Edgar Enrique Bayardo del Villar, fueron ejecutados por criminales en condiciones poco claras", señaló Gabriel Mario Santos Villarreal, investigador parlamentario y subdirector de Política Exterior, del Centro de Documentación y Análisis de la LXI Legislatura en 2010, en su trabajo "Protección de Testigos contra la delincuencia organizada".

Pero la mayoría de los testigos-delincuentes siguen tan campantes. Estos malandrines sin rostro (se los cubren), a quienes se distorsiona la voz en las grabaciones, eternamente custodiados (hasta que se les escapan como es el caso de "El Pitufo"), mantenidos por los diversos Gobiernos del mundo, presentan soluciones y causan severos problemas en cada uno de los países donde la figura subsiste: en Estados Unidos desde 1970; en España desde 1994; en Canadá desde 1996...

La problemática en la materia fue desglosada por Santos Villarreal desde hace cuatro años. En su análisis recordaba: "Los programas federales o nacionales de protección de testigos, que tuvieron su antecedente en el combate al terrorismo hoy son utilizados como "arma gubernamental" para enfrentar los desequilibrios generados por las actividades de los grupos delictivos dentro y fuera de sus países de origen.

"Sin embargo, las estructuras administrativas y humanas que soportan dichos programas están siendo objeto de análisis y críticas en el intento de que se pueda medir su efectividad real", dijo.

Efectivamente, son tantos los quebraderos de cabeza para las autoridades judiciales que desde el año pasado la Procuraduría General de la República (en plena reestructuración) y la Cámara de Senadores acordaron llevar adelante la regulación de la protección a testigos en México.



w Los "chivatos" con un negro pedigrí

Las pifias e injusticias resultantes de las lagunas y abusos en materia de protección a testigos son conocidas en nuestro país y han trascendido en el orbe. Por ejemplo, el canto desafinado del pájaro de cuentas denominado "El Pitufo", hoy "a salto de mata", causante de la detención de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios del Gobierno de Michoacán y un juez, todos liberados posteriormente.

No solamente ese caso, conocido como "El Michoacanazo", fue un fiasco, sino también el asunto de Florance Cassez y el de Gregorio Sánchez, alcalde de Cancún, así como el ex comisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles.

Todos están libres, mientras José Salvador Puga Quintanilla, alias el "Pitufo", gente del presuntamente abatido Heriberto Lazcano "El Lazca", líder de "Los Zetas", seguramente disfruta de las deliciosas pastas italianas, con pepperoni y pepperoncini, al fin y al cabo ya cuenta con su bypass gástrico que lo bajó de peso gracias a nuestros impuestos.

Otros testigos protegidos muy conocidos son: el tal "Jennifer", por cuyas declaraciones fueron a prisión los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación a la Delincuencia, Noé Ramírez Mandujano; el teniente coronel Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.

A estos "chivatos" con pedigrí delincuencial, les pagaban poco más de 3 mil pesos al mes en la Procuraduría General de la República, hasta que a don Jesús Murillo Karam, la ganó el carácter y ordenó suspender "el salario" y otras prestaciones.

Sin embargo, sigue sin funcionar en México un verdadero programa de testigos protegidos. Los filtros de información, las acusaciones a diestra y siniestra y la incapacidad de estas personas para testificar, en muchos casos continúa en tela de juicio.

"¿Por qué se admite y se premia en esos programas de testigos a personas consideradas delincuentes?, ¿por qué se toman sus declaraciones como base fundamental para inculpar a personas, cuando muchos de ellos no han podido sostener sus dichos?, ¿por qué se concede la impunidad de sus delitos?, ¿por qué se utilizan testigos anónimos en franca violación de las normas internacionales con respecto al debido proceso? y ¿la falta de transparencia ayuda a proteger a los informantes?"

Así preguntó en su análisis el investigador parlamentario, en relación a que esas y otras dudas han sido expresadas por los estudiosos, especialmente en el caso de México, "cuyo programa de testigos parece tener algunas falencias, sobre todo tras las ejecuciones de Jesús Zambada Reyes y de Edgar Enrique Bayardo del Villar, considerados testigos clave en contra del crimen organizado".

Y precisó el planteamiento de la magistrada federal Lilia Mónica López Benítez: "... es contar con un programa cierto de protección "que establezca, como decíamos, los aspectos relevantes del tema, entre ellos, los candidatos a su ingreso, la clasificación de los testigos con base en la trascendencia de lo aportado en su declaración, lo que debe ponderarse para determinar si dicha información es útil para interceptar una operación delictiva, desmantelar una bodega o laboratorio, detener a miembros de una célula o lograr la captura de los cabecillas de un cártel; con base en lo cual, además, podrá determinarse en cada caso el tipo de protección, el cambio de identidad, la protección extendida a la familia o personas ligadas por vínculos cercanos al protegido, aunado a precisar las facultades y ámbito de competencia de la autoridad para autorizar los términos y vigencia de la protección".

En abril de 2012 fue aprobada la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con lo cual de cierta manera se subsanó una parte de la problemática. Sin embargo, falta una regulación más exacta del polémico tema.



w Los ojos y oídos de la justicia

Santos Villarreal refirió en su trabajo la importancia de los testigos protegidos: "Los principios internacionales sobre derechos humanos indican que el testimonio pierde su valor cuando se presta bajo coacción o amenaza, pero también señalan que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

"El derecho a la no autoincriminación, que tuvo sus orígenes en el derecho inglés y en la Constitución de los Estados Unidos (Enmienda V), hoy se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, numeral 2, inciso g y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 15, en su artículo 8 numeral 2, inciso g".

Recordó que los testigos "son los ojos y los oídos de la justicia". Su definición, añadió, puede variar según el ordenamiento jurídico de que se trate. "Así, para efectos de la protección, lo pertinente es la función del testigo (como persona en posesión de información importante para las actuaciones judiciales o el proceso penal) y no su condición jurídica ni la forma del testimonio. Con respecto al momento procesal en el que una persona es considerada testigo, el juez o el fiscal no necesitan declarar oficialmente esa condición para que se apliquen las medidas de protección", especificó.

También aludió a la clasificación de los testigos: colaboradores de la justicia, testigos-víctimas y otros tipos de testigos. Ofreció la explicación. Los colaboradores de la justicia, quienes en mayor medida participan en los programas de testigos, son aquellas personas que habiendo participado en un delito relacionado con una organización delictiva, se presta a informar sobre la estructura de la organización, métodos de funcionamientos, actividades y nexos con otros grupos delictivos locales extranjeros a cambio de obtener la inmunidad, reducción de penas y protección física para ellos y sus familias".

Además puntualizó que con respecto al momento procesal en el que una persona es considerada testigo, el juez o el fiscal no necesitan declarar oficialmente esa condición para que se apliquen las medidas de protección.

"Los testigos pueden clasificarse en colaboradores de la justicia, testigos-víctimas y otros tipos de testigos. Los colabores de la justicia, quienes en mayor medida participan en los programas de testigos, son aquellas personas que habiendo participado en un delito relacionado con una organización delictiva, se presta a informar sobre la estructura de la organización, métodos de funcionamientos, actividades y nexos con otros grupos delictivos locales extranjeros a cambio de obtener la inmunidad, reducción de penas y protección física para ellos y sus familias", expuso.

(Continuará)