---

  Luego de 195 cambios al proyecto del Ejecutivo y la reasignación de 96 mil 626 millones de pesos, finalmente se aprobó el presupuesto de egresos 2010, siendo los grandes beneficiarios los gobiernos estatales y municipales, no sólo porque los diputados federales les aumentaron los recursos, sino porque los exentaron de la obligación de comprobar cómo utilizarán ese dinero.

Suena escandaloso y lo es. Aunque en el tema presupuestal ingresos-egresos las cosas vienen mal de tiempo atrás. México nunca ha funcionado en los hechos con un federalismo bien entendido, en donde la responsabilidad de cobrar impuestos y de ejercer el gasto se realicen de manera proporcional entre los estados y el gobierno central.

Durante muchos años el gobierno federal cobró más de 90 por ciento de los impuestos y ejerció el gasto de más de 80 por ciento de los recursos. A principios de esta década se buscó corregir este absurdo centralismo, logrando que las autoridades locales ejercieran más de 40 por ciento del gasto, aunque sin corresponder con la obligación solidaria de cobrar impuestos, tarea en la que continuó, de forma casi total, el gobierno federal.

Ahora lo aprobado en San Lázaro nos muestra que en lugar de mejorar vamos para atrás, porque ahora los gobernadores no sólo quieren seguir ejerciendo recursos de la Federación, sino influyen en el Legislativo para no rendir cuentas sobre su utilización.

Por ello los legisladores eliminaron todas las facultades que tenía la Federación para "suspender la ministración de los recursos por incumplimientos en la aplicación de los mismos o por falta de entrega de información relativa al avance de los programas". Dicho en otras palabras, que el dinero recaudado por la Federación en provecho de los Estados será usado sin que éstos rindan cuentas a los contribuyentes que lo aportaron. Para "no entorpecer" -dijeron los legisladores- el ejercicio de recursos por parte de los estados.

¿Dónde quedó la Ley de Transparencia y la Rendición de Cuentas? ¿Para qué el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación? Si de un plumazo, los señores legisladores federales deciden un presupuesto de egresos a modo, haciendo alarde de su facultad discrecional.

Al dejar a las autoridades estatales y municipales sin vigilancia, los legisladores están violando la Constitución, pero en el contubernio de toma y daca que se produjo en San Lázaro, ¿quien está en condiciones de enmendarles la plana? ¿Quién va a vigilar a los vigilantes?

Lo que tiene más molesta a la ciudadanía, además de la reasignación del presupuesto de egresos, hecha de última hora, sobre las rodillas en comisiones, debido al proyecto inadecuado que envió a San Lázaro la Secretaría de Hacienda, provocando jaloneos que favorecieron a los gobernadores con más diputados, es la ausencia de rendición de cuentas que decidieron los legisladores, mostrando su total sometimiento a los intereses locales, aunque quienes les pague sus escaños federales sean los contribuyentes.

El próximo año habrá elecciones en once estados, y la ausencia de transparencia que votaron los legisladores le viene como anillo al dedo a los gobiernos locales, para actuar a sus anchas, con obras de relumbrón, programas sociales emergentes, para hacer grandes campañas y ganar elecciones. Todo con cargo a los agobiados contribuyentes.

Ya podemos olvidarnos de que la LXI Legislatura discuta las iniciativas que podrían significar un cambio en nuestro empantanado proyecto democrático: la reelección legislativa, las candidaturas ciudadanas, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la reducción de número de diputados y la reducción a los presupuestos de los partidos políticos. Todas irán a parar a la congeladora, para que las cosas se queden como están.

¿De quien es la culpa de que la clase política se comporte así? Sin duda, de los ciudadanos que siguen creyendo en sus promesas de campaña y les dan su voto, para que puedan hacer lo que les venga en gana. Pero el hartazgo ciudadano sigue en aumento y cobrará esta factura en las urnas a los responsables.