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  A lo largo de 50 meses, de diciembre de 2006 a la fecha, la violencia criminal se ha vuelto una constante en nuestra vida diaria, al punto que el término "ajuste de cuentas" se ha convertido en una causal genérica que no amerita mayor investigación ni esfuerzo de las autoridades para identificar culpables y llevarlos a juicio.

El presidente Felipe Calderón declara a los cuatro vientos que los violentos son unos cuantos y que el resto de la sociedad estamos al margen de esta cruenta guerra, soslayando el creciente saldo de muertes inocentes: estudiantes, deportistas, niños con sus padres, empresarios, activistas, presidentes municipales, jefes policiacos, etcétera, acribillados en fuegos cruzados, por error, pero también a causa de la prepotencia de las fuerzas federales.

En su afán justificatorio, Calderón nada dice de un flagelo que igualmente atenta contra los derechos, las libertades y la dignidad de las personas; de un flagelo que su gobierno no está combatiendo, la corrupción. Un flagelo que infiltra autoridades, que compra conciencias, que está corroyendo el Estado de Derecho, permitiendo el predominio del más poderoso, del más rico y el más violento.

La corrupción permite que el dinero y la influencia sean la divisa de cambio para la obtención de privilegios por fuera de la ley, y luego, ante la incapacidad del Estado Mexicano para sancionar a quienes infringen la ley, aparece la impunidad el mayor incentivo para seguir delinquiendo.

La corrupción del Estado por una parte y la extorsión de los criminales y la impunidad en que delinquen, por la otra, constituyen hoy por hoy, un círculo perverso que opera en base a la identidad y el mutuo apoyo de los protagonistas.



Llevamos años inmersos en una sucesión de escándalos pestilentes, que ha puesto por los suelos la confianza de la ciudadanía en sus instituciones gubernamentales y en los funcionarios que las detentan. El asunto se vuelve más peligroso, porque la historia nos muestra que a los periodos de descomposición política y de corrupción incontrolada los sucede la entronización de la dictadura. Un panorama ominoso, aunque la situación actual no lo es menos.

Nadie debería estar conforme con lo que estamos viviendo. La corrupción e impunidad imperantes en México están por conducir al país al precipicio. De no realizar las reformas que combatan eficazmente esos flagelos y que propicien la transformación pacífica, continuará la crisis social y el riesgo de una ruptura violenta estará a la vuelta de la esquina.

El destacado jurista José Luis Romero Apis señala al respecto: "ese iceberg ya golpeó al trasatlántico de la política mexicana" y establece tres etapas de aprendizaje que tendríamos que asimilar los mexicanos: La primera, que todo es sumergible y destructible. La segunda, que es conveniente aplicarse -con la mayor rapidez- al control de daños con base en un diagnóstico y cálculo muy certero y preciso. Tercera, iniciar el salvamento y el rescate.

Otro eminente académico sugirió hace poco cinco ejes que ayudarían a que México supere la "etapa trágica" por la que atraviesa: dotar de real autonomía al Ministerio Público (MP) y a la Auditoría Superior de la Federación, dar mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, diseñar nuevas reglas para los medios de comunicación y lograr mayor participación de la sociedad. Pero tal y como está México en este momento no se puede hablar de un régimen político, ya que hay "gravísimos" problemas económicos y sociales que forman una compleja y enredada madeja.

La rendición de cuentas, de igual forma, queda de lado, cuando se multiplican los homicidios y la violencia en las calles, y mientras vemos cómo se va filtrando la corrupción al interior de los gobiernos.

¿Cómo defender la calidad de los gobiernos locales? si son ellos los primeros que han sido acusados de albergar a los criminales y de reproducir las peores pruebas de ineficacia y abuso de los dineros públicos. ¿Cómo construir una ciudadanía solidaria, con principios y altura de miras, que se organice para demandar el mejor desempeño de sus gobernantes? cuando lo que el ciudadano promedio pide hoy día, es conservar su trabajo, cuando lo tiene, y llegar por las noches sano y salvo a su casa.

Poder, dinero, corrupción, impunidad y mentira mantienen a México igual que a un enfermo en fase terminal. La moral pública está deshecha, y la clase política no ha mostrado tener altura de miras para anteponer a sus intereses personales o de grupo, los intereses que importan a México. ¿A quién correspondería la revitalización de la salud política de la República? En definitiva a la ciudadanía, a las organizaciones de participación ciudadana y de acción organizada, muchas de ellas vinculadas con los partidos, positivas, propositivas y decentes, las hay aunque muchos lo duden. Necesitamos valorar y estimular a aquellos grupos de mexicanos que, estando muy ocupados y comprometidos con sus responsabilidades propias, han decidido aportar todos los días, importante parte de su tiempo, esfuerzo, conocimiento, conciencia y decencia para mejorar la vida colectiva mexicana. Es una propuesta, de las muchas que hay. Lo importante en este momento, lo que no podemos posponer, es el análisis serio sobre el difícil momento que vive la Nación, y esforzarnos por encontrar opciones viables que nos permitan ver la luz al otro lado del túnel oscuro que estamos recorriendo. xalare@generacionciudadana.org.mx