A partir de este año, entra en vigor la desgravación arancelaria, pactada en la firma del Tratado de Libre Comercio (Tlcan) para el maíz, el frijol, azúcar y la leche en polvo.

Esto ha generado una profunda preocupación entre los miles de productores mexicanos, dedicados a las actividades relacionadas con estos productos, tal como sucedió en el 2001 cuando se desgravaron en su totalidad cebada, malta, papa fresca y papa procesada; café industrializado, pollo, pastas de ave, trozos de pavo, grasas animales y huevo.

Al igual que entonces, hoy es una preocupación legítima y fundada, ya que la desgravación implica que estos productos dejarán de pagar el impuesto de importación para ser consumidos dentro del país y, por lo mismo, su precio será más bajo. Esta baratura provocará que los productores nacionales no puedan seguir compitiendo, -dado que tienen precios más altos- y, como consecuencia, serán desplazados del mercado, lo que provocará su ruina, quiebra, emigración o muerte.

Esto ha traído como consecuencia una fuerte reacción por parte de muchas y poderosas organizaciones campesinas y de pequeños productores, con el fin de obligar al gobierno federal a la revisión del capítulo agropecuario del Tlcan, para lograr, al menos, diferir su entrada en vigor, y de este modo dar más tiempo para llevar a cambio las transformaciones que requiere el campo mexicano.

La reacción de estas organizaciones ha sido tardía. El compromiso de desgravación se estableció hace más de 15 años, pero durante éstos, no se hizo absolutamente nada. De hecho, ni siquiera se protestó por el cada vez menor apoyo presupuestal al campo que implementaron los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox. En cambio sí hubo reacción de parte de académicos, políticos e intelectuales, que se expresó en una fuerte discusión respecto a los daños y beneficios que representaba la apertura comercial. Sin embargo, nada se logró y ésta ha seguido su marcha. Sólo hasta ahora en que se da la participación de los directamente afectados, es que el gobierno ha pensado seriamente en establecer acciones concretas para resolver la problemática del campo. Y sólo porque ahora sí se observa una real amenaza a la estabilidad del orden político y un cuestionamiento serio al gobierno.

Tardía ha sido la reacción de los productores. Tal vez por ignorancia propia o dirigida, pues sus líderes y representantes populares no les advirtieron de lo que estaba sucediendo, pues en ese sistema perverso de corporativismo agrario, la pertenencia al partido en el poder, -que fue el que firmó el Tratado- impedía crear una fuerza opositora a sus decisiones.

Y es que, independientemente de que estemos o no de acuerdo con la apertura comercial, lo cierto es que -dadas las condiciones de nuestros productores agropecuarios- su efecto será devastador. Por ello es necesario que se implemente una estrategia que impida una catástrofe social y económica. Una estrategia que permita propiciar el cambio organizacional y tecnológico en el campo. Una estrategia que permita que los productores aislados y ajenos a los mercados, se incorporen a los circuitos comerciales y obtengan provecho de ellos. Una estrategia que mejore el salario en el campo, para impedir que el campesino cultive su tierra como medio para complementar (siempre de modo muy precario) sus ingresos y siga, de este modo, reproduciendo sus condiciones de pobreza, ya que ni su trabajo como jornalero, ni su trabajo como productor, le permiten salir de esa situación.

No se trata de impedir el comercio internacional, sino de preparar a los productores para que puedan competir. Debió hacerse antes, pero la miopía de los economistas que nos han gobernado y su falta de comprensión del país en el que vivimos lo impidió.

Hoy requerimos hacer lo que otros países hacen. Apoyar a los productores en la medida de su necesidad. Para que compitan adecuadamente. Lo hace Estados Unidos, lo hace la Unión Europea, ¿por qué México no? Si es aquí precisamente donde las condiciones para la producción son las más adversas, dada la falta de productividad, el escaso conocimiento de técnicas modernas de cultivo, la falta de apoyos crediticios, las dificultades para transportar los productos a los centros de comercialización regionales, etcétera.

La otra opción es no hacer nada, seguir creyendo que el libre mercado mundial y la competencia se encargarán de reordenar la economía. Eso, sin embargo, nos va a dejar sin país.