Alfredo Magaña / El Sol de México

(Primera parte)

Ciudad de México.- El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi Díaz, fue acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de alteración y falsificación de documentos oficiales, colusión de servidores públicos, tráfico de influencias, fraude, despojo y robo, que habría cometido al obtener a su favor escrituras apócrifas del predio rústico Los Gavilanes, con 5 millones de metros cuadrados de extensión a ambos costados de la carretera México-Puebla, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

La acusación fue asentada en el acta IXTA/I/5765/2007 y además del también titular de la Notaría Pública 80 del Estado de México, se incluye a su hermano José Goñi Díaz, titular de la Notaría Pública 114 en la entidad, y al padre de ambos, Moisés Goñi Reyes.

"Son unos rateros que utilizaron su posición y sus influencias para apropiarse indebidamente de Los Gavilanes", afirmaron Raúl Uribe Herrera, representante legal de Inmobiliaria Los Gavilanes; Modesto González Gutiérrez, socio de la misma, y Juan Manuel Maillares, asesor y apoderado, entre otros.

Durante una entrevista, los tres aseguraron ser víctimas de "un engaño maquinado entre federatarios, situación que consideraron grave porque quienes vulneran el estado de derecho son depositarios de la confianza tanto de autoridades como de los particulares".

Los afectados señalaron con el índice de fuego a los hermanos Goñi, quienes como notarios públicos se valieron de otros colegas suyos para maquinar un entramado de ilícitos en los que dejaron muchas huellas que son imposibles de borrar, y ahora son utilizadas en su contra como pruebas en los procesos penales que hay en su contra.

Explicaron que las escrituras apócrifas en su favor fueron elaboradas por el entonces titular de la Notaría Pública 9 del Estado de México con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y quien ahora es titular de la Notaría Pública 21, Guillermo Velázquez Quintana.

Este notario es sobrino del fallecido máximo dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, y a pesar de haber tenido un familiar tan noble, él también es otro presunto responsable de los delitos atribuidos a sus colegas, los hermanos Goñi Díaz.

Con un legajo de copias que ya fueron turnadas a diversas autoridades estatales y federales, los afectados manifestaron que fue el 8 de marzo de 2000 cuando Guillermo Velázquez Quintana le extendió a sus colegas y al padre de ellos la escritura apócrifa número 15404, volumen 364, fechada en el municipio de Naucalpan.

Esa escritura falsa es la correspondiente a las fracciones I, II y III de la subdivisión Vaqueritos, y las fracciones I, II y III de la subdivisión Córdoba, que comprenden las 500 hectáreas cuadradas que mide el predio rústico Los Gavilanes.

Los denunciantes añadieron que esa escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Chalco, Estado de México, en el Libro Primero, Sección Primera, Partidas números 860-862 del volumen 365, con fecha del 8 de marzo de 2000.

TRANSACCION

Raúl Uribe relató que fue el 13 de julio de 1996 cuando se realizó el contrato de compra-venta con Dulce María Olivia Mancilla Flores, albacea de la sucesión intestamentaria de sus padres María Elena Flores López Portillo y Manuel Mancilla Vega, para el predio de Los Gavilanes y sus dos subdivisiones, el cual fue asentado el 28 de julio de 1996 en la nota marginal 2409 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Chalco.

Indicó que después comenzaron a tramitar una autorización para levantar el panteón "San Marco", y así detectaron varias irregularidades serias, lo cual les hizo temer por los 26 millones de pesos iniciales que ya habían dado en la promesa de compra.

Al solicitar, el 23 de enero de 2004, una copia registral certificada correspondiente a ese predio, asentada la original en el Libro Primero, Partida 848, Volumen 295, Libro Primero, Sección Primera, inexplicablemente se las negaron. Luego, con una acta administrativa de por medio, les entregaron un informe totalmente diferente al que pidieron, que era del Libro Primero, Partida 852, Volumen 295, lo cual nuevamente los intranquilizó.

Luego se percataron de que en el Libro Primero, Partida 848, Volumen 295, en el cual debía estar registrada esa propiedad, "no existía ninguna inscripción, existían varias páginas en blanco y había inscritos números ilegibles a lápiz. Esa irregularidad no pudo ser ocultada por el entonces registrador Alfredo Madrid Cisneros".

Por esos hechos, los afectados acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a levantar el acta número PGR/CHAL I/180/2008 contra del registrador público del Registro Público de la Propiedad de Chalco, Fidencio Vera Hernández, pues presuntamente él se ocupó de llenar las hojas en blanco del Libro Primero, pero requirió al registrador anterior Alfredo Madrid. Además, las hojas fueron firmadas y selladas en forma extemporánea, con una fecha anterior.

"De todo lo anterior tenemos muchas pruebas, ya informamos de este grave caso al presidente Felipe Calderón, para responder al llamado que hizo a todos los mexicanos a que denunciemos presuntos delitos que conozcamos. Aquí tiene éste, que esperamos ordene aplicar la justicia, pues hemos encontrado escollos y obstáculos por parte de funcionarios, como es el agente del Ministerio Público de Ixtapaluca, Juan Arnulfo Rodríguez Alvarado, quien cuando vio la demanda dijo: 'no, contra ellos nada, cómo creen que voy a recibir una demanda en su contra".

(Continuará)