Carlos Acosta / El Sol de México

Ciudad de México.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que millones de mexicanos enfrentan una grave situación de vulnerabilidad y violación de sus derechos humanos, pero lo lamentable del caso es que el Estado no sólo no les brinda la atención suficiente, sino que algunos de sus funcionarios trasgreden sus garantías individuales por "acción" u "omisión".

Incluso, aseguró que la situación de algunos grupos se agrava por lo endeble de su conciencia y por la debilidad de las organizaciones que los representan, por lo que considera necesario promover una reforma constitucional que incorpore los derechos humanos como eje de la misma y reconocer los tratados en la materia como una ley suprema.

De acuerdo al diagnóstico de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los principales grupos en situación de discriminación son, entre otros, niños y adolescentes, adultos mayores, refugiados, jornaleros agrícolas, usuarios de los servicios de salud y personas con VIH-Sida.

También resalta los 321 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, de los cuales entre 90 y 128 son seriales, así como la violencia familiar, que se registra en uno de cada tres hogares mexicanos.

Puntualiza que las personas en situación de discriminación tienen derechos que deben ser respetados, y lo ideal es alcanzar un estadio en el que la sociedad respete las diferencias. En el corto plazo, subraya, el objetivo es lograr como piso mínimo la tolerancia.

Menciona que en el caso de la violencia familiar tiene consencuencias que afectan a la sociedad, y se estima además que el 63 por ciento de los niños que padecen este problema en sus hogares presentan problemas en su desempeño escolar y dependiendo de su estrato socioeconómico abandonan la escuela a los 9 años de edad, frente a un promedio de 12 años en los hijos de mujeres que no sufren castigos graves.

También genera costos de atención médica equivalentes al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir casi 100 mil millones de pesos al año, aunque esto no incluye los recursos perdidos por ausentismo laboral, procesos jurídicos o atención emocional, entre otros.

En su Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México recomienda al gobierno mexicano promulgar leyes generales reglamentarias de todos las garantías individuales que estàn constitucionalmente reconocidas y que garanticen su protección con el mismo estándar para todos los habitantes frente a los gobiernos federal y locales.

Considera necesario incorporar en los procedimientos constitucionales de designación de servidores públicos de alto nivel no electos de los poderes de la Unión, y de los órganos autónomos, mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad aportar oportunamente a los órganos decisorios elementos de juicio respecto a la indoneidad de las personas propuestas.

Indica que se debe promover la eliminación del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas por sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión o pertenencia política en todos los instrumentos de carácter público que inciden en el campo educativo, en los medios de comunicación y mediante conductas discriminatorias en los servicios públicos.

En materia de derechos políticos, sugiere incorporar una ley de partidos, la reglamentación del voto de los mexicanos en el extranjero, optimizar la fiscalización de los gastos de campaña y precampañas y la reducción del financiamiento de los partidos electorales.