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Con mi solidaridad a

Marlon Ramírez Marín



Es penoso el desempeño que ha tenido el Instituto Electoral Veracruzano y todavía peor cuando aún no han sido publicadas las convocatorias de los partidos políticos. Formalmente ha iniciado el periodo de los procesos internos, pero el árbitro ha entrado a una dinámica donde se observa falta de seriedad y ocurrencias caprichosas. Víctor Borges Caamal es el eje del pobre espectáculo mediático, ya es hora de que se dé un manotazo para que se comporte con institucionalidad, siendo un riguroso de la aplicación del imperfecto Código Electoral que tenemos y evitar que su proclividad para el exhibicionismo mediático esté por encima de su alto compromiso como servidor público.

En el racimo de "puntadas", pronto cayó la viabilidad de la transmisión de las sesiones del Consejo General del órgano electoral de la Entidad. Una vez establecidos los criterios de austeridad por la contracción del presupuesto asignado, quedó demostrado que no contarían con el dinero suficiente para solventar las necesidades técnicas que implicaba poner en el ciberespacio las imágenes de las reuniones. Pirotecnia verbal pura que desnuda el carácter malicioso del yucateco antes mencionado. En los penosos llamados a misa en que se han convertido los exhortos ridículos, simplemente que cumplan con la ley y no luzcan carencias.

Las argucias legaloides son el espacio perfecto para la promoción de la imagen de ciertos personajes con propósitos electorales, sin transgredir el marco jurídico aplicable. Son las rendijas que la ley permite y estas son utilizadas por personajes de todos los partidos políticos sin distingo. Independientemente de las consideraciones de carácter ético, el cinismo leguleyo aduce que han sido escrupulosos en cumplir con lo que el Código Electoral y lo peor de todo es que tienen razón, pero ya quedará como un precedente de los debates obligatorios para actualizar la legislación de cara a las elecciones locales del 2013.

La promoción de actividades de funcionarios, la referencia a apellidos que el inconsciente colectivo los ubica de tradición política o la publicidad de nuevas alternativas de marcas de productos de la canasta básica tienen un claro propósito de influir de cara a la jornada cívica del 4 de julio próximo, pero el árbitro no puede pitar porque no hay pizca de ilegalidad, el tema del "ethos", insisto, no tiene cabida porque lo que se busca es el poder y no la gloria celestial.

El reclamo es el argumento del numeral 128 constitucional: "Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen." En el momento en que la comisión, presidida por Borges y alusiva a medios de comunicación, consciente sin observaciones que se haya contratado un convenio publicitario con un semanario que es un órgano de difusión religioso, demuestra que también existe hipocresía y actividades rozando la integridad de las leyes, aunque en este caso es peor, porque la Constitución Política Federal es la agraviada. Al momento de tomar el cargo, todo servidor público de cualquier nivel protesta cumplir con el Estado de Derecho con la preeminencia de nuestra Carta Magna, pero al parecer en el Instituto Electoral Veracruzano han olvidado esta obligación.

La cúspide que marca la división entre laIglesia y el Estado es el 130 constitucional, donde se garantiza el derecho de las personas a elegir el credo que mejor le convenga, le reconoce derechos políticos a los ministros para votar y no ser votados y expresamente y con claridad apunta que ninguno de éstos puede inmiscuirse en asuntos partidistas ni de proselitismo a favor o en contra de candidatos. El Semanario "Alégrate" fue el beneficiado, pero en condiciones de equidad la Atalaya también debería recibir publicidad. En términos claros, hay dinero del erario patrocinando la publicación de un periódico religioso.

Sería impensable que el área de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral concediera un convenio de publicidad al Semanario "Desde la Fe", un auténtico escándalo nacional; sin embargo, al parecer todos los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEV no expusieron su rechazo a esa determinación ¿o es que pronto los partidos podrán contratar espacios en "Alégrate"?, ¿quién autorizará la expedición de las facturas correspondientes, Benedicto XVI o Norberto Rivera o se utilizará el registro que se tiene ante la Secretaría de Gobernación? Siempre he expresado que no hay que concederle "licencias legales" a los ministros de cualquier religión para que tengan pretextos de hacer proselitismo político. Ya basta de papelones.