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  El escabroso proceso legislativo que culminó con la aprobación de una miscelánea fiscal con nuevos y mayores impuestos a los mismos contribuyentes de siempre nos deja para la posteridad, el epílogo de dimes y diretes entre las fracciones, echándose unas a otras la culpa de lo aprobado.

Si a nadie gustaba ¿por qué se aprobó? Sería la pregunta lógica, pero en realidad lo que presenciamos es un doble discurso y una doble conducta de los legisladores. Cada una de las fracciones, tratando de sacar provecho de lo ocurrido, o salir menos raspado.

Tras el descompuesto debate y las mutuas acusaciones por los acuerdos no respetados, la intención de todas las fracciones es convencer a la ciudadanía de que siempre estuvieron de su lado, aunque las decisiones tomadas nos demuestren exactamente lo contrario.

Una actitud dolosa y lamentable, en la que continuarán enfrascados hasta el 2012 de la sucesión presidencial. Una nube de humo, para desviar la atención de la gente, de que serán los mismos de siempre, los que terminarán costeando mayores recursos al Ejecutivo, a los gobernadores y el propio Poder Legislativo, que ahora sí que fungió como juez y parte.

La dinámica del legislativo quedó clarísima. Cuando Calderón propuso el impuesto especial del dos por ciento para "combatir la pobreza", es decir, para ganar votos, las demás fracciones dijeron que no, pero decidieron entrarle al quite: ¿Qué tal un puntito más al IVA? ¿Y dos puntitos más al ISR, y a los depósitos bancarios en efectivo?....y ya entrados en gastos, también había que salvaguardar los intereses de los grandes contribuyentes, aligerarles la carga de los millonarios impuestos que adeudan al fisco; reciprocar de alguna manera su generoso apoyo financiero a muchas campañas políticas. ¿Cómo? pues permitiéndoles pagarle al fisco en cómodas anualidades. Nobleza obliga.

El meollo del asunto está en que los legisladores se portaron comprensivos con los que más tienen y además son morosos, e implacables con los que viven al día, con los que menos tienen.

No es exageración. Los poderosos consorcios deudores, todos, cotizan en la Bolsa de Valores y aparecen entre los 100 negocios más exitosos y las mayores fortunas del país. Su adeudo suma alrededor de 232 mil millones de pesos en impuestos diferidos, cantidad equivalente al presupuesto conjunto que el gobierno federal pretende destinar en 2010 a las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Energía, o a las secretarías de Educación Pública y Seguridad -sectores de la mayor prioridad según el gobierno de Calderón- y aún sobraría un remanente cercano a 5 mil millones de pesos.

Esa es la dimensión del "hueco fiscal" permitido por el gobierno y por los legisladores, responsables -al menos en teoría- de salvaguardar el interés de todos los mexicanos, y que a la "hora de la verdad" optaron por un tratamiento cordial a los grandes deudores, y que fueran los asalariados y los consumidores en general, quienes carguen con el peso de disminuir el déficit fiscal.

Aprobado el paquete, las fracciones parlamentarias empiezan a formular, ahora sí, propuestas específicas, como la de convocar a una convención nacional fiscal, para remediar, de una vez y para siempre, las carencias que venimos arrastrando desde hace décadas. De igual manera, los gobiernos estatales, impulsores y beneficiarios del paquete, ya prometen programas emergentes de apoyo a la población, para resarcirla del injusto incremento que le propinaron sus propios diputados. Ahogado el niño, a tapar el pozo.

La enseñanza que nos deja a los ciudadanos la desaseada negociación del presupuesto fiscal 2010 es que estamos atrapados en una red de intereses de la clase política, sin más causa, objetivo ni rumbo que protegerse a sí misma.

Pero queda una interrogante, tras el grave sainete en el que, unos más, otros menos, todos los partidos se vieron involucrados: ¿A quién le tocará pagar en las urnas tan elevada factura? Se aceptan apuestas.