México
El caso Banamex llegó a la Corte
Organización Editorial Mexicana
5 de noviembre de 2009


Manuel Carvallo / El Sol de México

Ciudad de México.- El secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República, Horacio Duarte, entregó en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional para invalidar un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se autoriza la participación temporal de gobiernos extranjeros en bancos e instituciones financieras que operan en México.

Duarte dijo en una rápida entrevista que este recurso tiene el fin de definir la situación de las instituciones financieras que cuenten con la participación directa o indirecta de gobiernos extranjeros en su capital social.

La presentación de esta controversia es un recurso legal que fue aprobado por el Senado hace 20 días para que fuera interpuesta ante la Corte en el caso denominado Banamex-Citygroup.

"Con este recurso legal, los senadores buscan la nulidad del oficio con el que la SHCP autorizaba la participación de los gobiernos en los bancos de México, debido a las medidas que han tomado autoridades en otras naciones para rescatar con capital gubernamental decenas de instituciones bancarias y financieras", afirmó.

En esta controversia constitucional los senadores piden a los ministros corregir las omisiones en las que ha incurrido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México al no intervenir para regular el capital social directo e indirecto de gobiernos extranjeros en bancos mexicanos.

Horacio Duarte mencionó que al menos otros nueve bancos que operan en nuestro país se encuentran en la misma situación, por lo que es necesario que la Corte defina hasta dónde llegan las facultades del Poder Ejecutivo para emitir este tipo de autorizaciones.

Para interponer esta demanda, el Senado contrató como abogado externo a Pedro Nava Malagón, quien fue titular de la Unidad de Controversias y Acciones de Institucionalidad del máximo tribunal del país durante las presidencias de Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.

La controversia constitucional fue aprobada por el Senado el pasado 13 de octubre debido a la inyección de capital social que hizo el gobierno de Estados Unidos en el grupo Citygroup, empresa que a su vez es accionista en Banamex.