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  Poco le duró el gusto, la ilusión, al electorado que a fuerza de escuchar mañana, tarde y noche las declaraciones de los diputados federales priistas creyó en todas las frases que en contra del aumento a los impuestos contenidos en el paquete económico 2010 expresaron esos legisladores.

La aprobación en el incremento de las tasas al Impuesto al Valor Agregado (IVA); a los impuestos por los servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable; el infame 30 por ciento al Impuesto Sobre la Renta; así como a los depósitos en efectivo en los que no sólo se le añadió una unidad porcentual, sino que se redujo en 40 por ciento a la cantidad sobre la que se aplicará el mismo, cayeron como balde de agua helada sobre las espaldas de los ciudadanos y echaron por tierra la raquítica credibilidad de los legisladores federales emanados del Partido Revolucionario Institucional.

Cierto es que la Cámara Alta, el Senado, está en posición de rectificar la Ley de Ingresos 2010 y revertir o paliar el enojo originado por el sentido y contenido en el que se falló dicha Ley en San Lázaro, aunque la percepción de la sociedad respecto del compromiso social de los diputados federales de la bancada priista, salvo las honrosas y congruentes excepciones de aquellos que votaron en contra de la iniciativa, sin duda tendrá efecto en las contiendas electorales por venir en los años 2010 y 2012, debido a que no existen elementos suficientes que permitan entender o explicar la diferencia abismal entre los dichos y los hechos.

El problema que genera el divorcio entre los discursos y las tomas de decisiones legislativas, por más que se desee disfrazar, expone de manera grotesca el contubernio que existe entre las cúpulas de poder partidistas a las cuales, es claro y contundente el mensaje, poco o nada les interesa el acelerado deterioro de las condiciones de vida de millones de mexicanos que día a día observan y padecen los efectos de una crisis económica mundial que, por el pésimo manejo que se le dio en México por parte de los responsables de la economía y finanzas nacionales, ha causado un daño que superó los pronósticos más sombríos y cuya propuesta de solución pretende gravar a quienes ven cómo el poder adquisitivo de su dinero pierde terreno de manera alarmante.

Transitamos por un periodo de descomposición social acelerada en la que gran parte de la responsabilidad puede endosarse a la equivocada conducción de la política social, laboral y económica del país por parte de quienes nos gobiernan; las desgracias se han sucedido una tras otra desde que inició la administración calderonista, pudiera entenderse que la mala suerte presidencial se desprende de la dudosa y atropellada manera en la que el actual Jefe del Ejecutivo Federal asumió el poder. Algo parecido sucedió, guardadas las diferencias del caso, con la administración que encabezara Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a Los Pinos tras una insultante "caída del sistema" ocurrida por la abrumadora victoria que habría obtenido, en la elección federal de 1988, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Ayer, como hoy, los intereses cupulares unieron fuerzas a fin de mantener en el poder a quien les garantizara un estado de derecho a modo, un trato privilegiado, un paraíso económico en el que los intereses primero y último sean siempre mantener el statu quo, sin importar que ello lesione las condiciones y calidad de vida del grueso de la población.

La agravante de las condiciones económicas actuales es que no existen válvulas que liberen la presión, la desesperación, de quienes no atinan a solventar sus necesidades básicas y que hasta el año pasado eran atenuadas con los ingresos que millones de familias mexicanas recibían a través de las remesas de dinero que enviaban aquellos que trabajaban legal o ilegalmente en los Estados Unidos de Norteamérica; este hoyo, la drástica caída de las remesas, ha deprimido significativamente la economía doméstica, lo que ha generado, sumado a los desatinos gubernamentales, que miles de compatriotas hayan perdido su empleo.

Lo complejo de la adversidad está más allá de los discursos, de las ambiciones políticas personales; demanda del concurso inteligente de actores capaces de ofrecer soluciones efectivas que otorguen a los gobernados opciones factibles que les permitan contener el deterioro económico del patrimonio familiar, pero ello está muy lejos de suceder cuando se observa que la clase política es el gran e insaciable depredador de la riqueza y de la esperanza nacional.