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  La polémica en torno a la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) nos muestra dos realidades difíciles de conciliar. Una, la larga trayectoria de ineficiencia de la empresa, convertida en rehén de su poderoso y corrupto sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La segunda, el manejo abrupto y desaseado de las autoridades laborales, que aprovechando el conflicto al interior del SME, tomaron por sorpresa las instalaciones y declararon inexistente a la empresa. No son modos.

En ambas caras de la moneda hay razones y sinºrazones, por ello las opiniones se han dividido. Los partidos políticos no son la excepción. El PAN, por supuesto, apoyando la decisión del gobierno; el PRI reaccionando con mesura y dejando prácticamente solo a Francisco Rojas, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, quien se lanzó "a matar" en contra de la decisión de las autoridades laborales y a favor de la autonomía sindical.

Los partidos políticos de izquierda -con López Obrador a la cabeza- buscan, claramente, sacarle la mayor raja al conflicto, a sabiendas de que el gobierno federal no dará marcha atrás. La coyuntura es importante, pues una parte de la izquierda -la seguidora de AMLO- quería aprovechar el conflicto del SME para impulsar un movimiento de conflicto social, de carácter nacional, que sume otras inconformidades y genere ingobernabilidad. No es broma. Desde la perspectiva de López Obrador y su ideólogo Porfirio Muñoz Ledo, la ingobernabilidad sería la premisa para el derrocamiento de Felipe Calderón, el presidente "espurio".

Otra parte de la izquierda apoya la búsqueda de cambios de fondo ante la innegable ineficacia de LyFC y la existencia de un sindicalismo antidemocrático al que siempre ha rechazado. Pero no han propuesto nada.

Sin embargo, en esta discusión sobre LyFC, su sindicato y sus trabajadores, poco o nada se ha dicho de los usuarios. Los millones de usuarios de la zona metropolitana que han padecido durante largo tiempo los frecuentes apagones y el cobro excesivo e injustificado del servicio.

Hasta su desaparición, por la que hoy se rasgan las vestiduras y hasta celebran misas con cuatro curas en la Basílica de Guadalupe, el SME trató a los usuarios de forma desconsiderada y prepotente. "Si no paga, no hay problema, se le corta la luz", era la recurrente respuesta en las ventanillas de LyFC ante las multitudinarias quejas de ciudadanos inconformes con los desorbitados cobros. Los señores del SME se sentían y comportaban no como un sindicato que defiende a sus trabajadores sino como dictatoriales dueños de la empresa.

Defender a LyFC como venía funcionando, como rehén de su poderoso y corrupto sindicato, es no querer ver las cosas como son. Los propios trabajadores de LyFC que perdieron sus trabajos de la noche a la mañana, culpan abiertamente a sus dirigentes sindicales, por no haber cuidado sus fuentes de trabajo ocupados en sus rebatingas facciosas por el poder.

Y no aprenden la lección. Hace un par de días, el líder del SME Martín Esparza anunció el retiro de la mesa de diálogo con Gobernación por considerarla una "farsa"; sin darle importancia al hecho de que no tiene el reconocimiento oficial de toma de nota. Aprovechando esta situación, su contrincante, Alejandro Muñoz, afirmó que él sí seguirá asistiendo a la mesa de diálogo, porque tiene propuestas para recuperar los recursos de los trabajadores de la extinta LyFC, además de que él sí cuenta con la toma de nota y es reconocido por las autoridades como tesorero del SME. No aprenden.

Más allá de esas aguas revueltas, en las que tantos pescadores buscan beneficiarse, lo que ya resulta indispensable es abordar el tema de la transformación a fondo del sindicalismo del país, sin excepción. Un reto de gran calado, al que tendrían que sumarse todas las fuerzas nacionales.

Democratizar a los poderosos sindicatos de México puede sonar a utopía, pero la realidad es que en pleno siglo XXI, seguimos teniendo sindicatos antidemocráticos, sindicatos charros, diseñados para contener el fervor de las masas trabajadoras en los días del porfiriato. Con el mismo formato y las mismas medidas antidemocráticas, los grandes sindicatos permanecen con todos sus privilegios, alquilando sus servicios al mejor postor.

Sin pretender simplificar el problema, una vía para la democratización de los sindicatos estaría en la derogación de las disposiciones que obligan al patrón a retener las cuotas sindicales a cargo de los trabajadores para entregarlas al sindicato "amigo"

Es decir, si cada maestro, cada electricista, cada médico o cada trabajador petrolero pudiera decidir a qué organización entregar su cuota, sin duda exigiría más transparencia en el manejo de sus recursos; demandaría mayor legitimidad en sus representantes; influiría en los órganos de vigilancia, participando incluso en las diversas planillas. Pero lo más importante, al quitarle a los líderes las sumas multimillonarias provenientes de sus aportaciones, desmantelaría la base de su poder omnímodo.

Si algo así hubiera ocurrido en el SME, la empresa seguiría, sus líderes serían los elegidos democráticamente y las fuentes de trabajo continuarían siendo el sustento de miles de familias.