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  En un marco de indefinición y desacuerdo, se instaló formalmente la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el numeroso grupo parlamentario que tendrá la responsabilidad de asignar el gasto del presupuesto para el año próximo, que rebasa los dos billones de pesos.

La advertencia del PRI y de las izquierdas de hacer modificaciones al Proyecto de Egresos de la Federación 2010, enviado por el Ejecutivo, se sustenta primeramente en que desde su arribo, las administraciones panistas sólo han logrado un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) nacional del uno por ciento, lo que, sumado a la falta de inversión y la falta de proyectos de desarrollo social, no asistencial, ha provocado mayor pobreza y desigualdad entre los mexicanos. En segundo lugar, en que la propuesta del Ejecutivo es meramente recaudatoria y no contempla medidas para la reactivación de nuestra economía, y que su aplicación como ahora está, sólo ahondaría la recesión, generaría más tensión social, incentivaría el desempleo, ensancharía la brecha de la desigualdad y profundizaría aún más la actual crisis financiera.

A excepción del PAN, todos los partidos han dicho que harán cambios al paquete presidencial, que pretende subsanar por la vía impositiva la ineficiencia recaudatoria del gobierno.

La posición del PRI -fundamental para la aprobación del paquete- aún no ha sido definida, en espera del posicionamiento de los gobernadores. La situación parece haberse complicado porque en tiempo de crisis la misma cobija no alcanza para todos, y de no haber impuestos recaudatorios, los gobiernos estatales dejarían de percibir importantes recursos.

Y es que tratándose de dineros, las siglas pasan a segundo plano. Ahí está el caso del flamante gobernador de Querétaro, que en cumplimiento de su promesa de campaña eliminará el pago de las tenencias vehiculares, decisión que le ha ganado la mayor antipatía entre sus colegas, que temen que el ejemplo cunda en la ciudadanía, y, al final, no les quede de otra que imitar al queretano, lo que les significaría una importante disminución de sus recursos.

En todo caso, el consenso generalizado es que el paquete del Ejecutivo no puede aprobarse como está, y aunque sin duda en las próximas semanas se lograrán acuerdos, el problema de fondo es y sigue siendo la política económica neoliberal, que por más de dos décadas ha mostrado su ineficacia y que en el marco de la actual crisis podría llevar al país al colapso financiero y al estallido social. En donde todos saldríamos perdiendo.

Sobre este tema, recientemente fueron presentadas las conclusiones del taller: "México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo" en el que participaron connotados especialistas y académicos de la talla de David Ibarra, Jesús Silva Hérzog, Carlos Tello, Rolando Cordera, Francisco Suárez Dávila, Norma Samaniego y Ciro Murayama, entre otros, quienes a lo largo de cinco meses analizaron y debatieron sobre la compleja crisis de nuestra economía.

La necesidad urgente de un cambio rumbo es la premisa del grupo, señalando que el nuevo modelo económico para el país debe incluir: políticas anticíclicas basadas en una estrategia agresiva de inversiones públicas; políticas monetarias que consideren objetivos de crecimiento y empleo, y no sólo de inflación, y un acceso efectivo y exigible a educación y salud de calidad para todos.

Afirman estos especialistas que el principal problema de la economía mexicana no es el hoyo fiscal al que alude el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, sino la falta de crecimiento de nuestra economía, la falta de producción y la nula generación de empleos, pues en lo que va del año, alrededor de 900 mil personas perdieron su trabajo. Asimismo sostienen que la crisis económica mexicana no es sólo el resultado de un desajuste de los mercados internacionales, sino de políticas gubernamentales erradas que han frenado el crecimiento y el avance social; que la crisis económica golpea desde fuera, pero se encontró un país sin brazos y sin palancas necesarias para enfrentarla. De ahí que exhorten al gobierno federal para que se sume a la posición de los países emergentes de mayor relevancia como China, India, y en América Latina con Argentina, Brasil y Chile.

En cuanto al impuesto de 2 por ciento al consumo de todos los mexicanos -incluidos los pobres- señalan que este aumento lesiona gravemente a los consumidores de menos ingresos y a las empresas que presentarán pérdidas y están quebrando. En su lugar, proponen impulsar una reforma fiscal y hacendaria que no sólo se limite a lo tributario, sino incluya compromisos claros y comprobables sobre el uso de los recursos.

Las propuestas del documento también incluyen medidas para impulsar la banca de desarrollo y lograr cambios sustantivos en el sector laboral, educativo, en la seguridad social, y en la planta productiva nacional, enfatizando que el gobierno federal debe impulsar una política de bienestar que articule la acción de Estado, pues la atención a la población no corresponde sólo a una dependencia o nivel de gobierno, sino debe entenderse como una estrategia integral y transversal, explícita del conjunto de las instituciones públicas.

Las conclusiones todas acertadas y factibles de llevar a cabo, de tomarse la decisión, serán enviadas a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a las diferentes cámaras empresariales, pero el empecinamiento de la tecnocracia federal de continuar con el modelo neoliberal, no hacen previsibles cambios de gran calado, sobre todo si estos significan disminución de recursos a los gobiernos estatales.

Así las cosas, a pesar del inicial rechazo al paquete económico de Calderón, sin duda se producirán las consabidas negociaciones tras bambalinas, y se aprobará un paquete presupuestario meramente recaudatorio, aunque cambie de nombre. Como si el horno estuviera para bollos...

xalare@generacionciudadana.org.mx