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  Acerca de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro conocemos apenas lo que a través de los medios de comunicación se informa; se entiende que esa empresa gubernamental se significa por el servicio que presta a la región con mayor demanda de energía eléctrica en el país, en la que el desorden urbano es una de sus principales características.

El suministro de energía eléctrica que reciben en la metrópoli mexicana y en algunas localidades que pertenecen a los estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, depende del trabajo que desempeña la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), por lo que de esa empresa en extinción atiende alrededor de 25 millones de habitantes de la conurbación, extendida a partir del Distrito Federal, casi la cuarta parte de la población total de la República, de ahí la importancia estratégica de la empresa en todos y cada uno de los sectores demandantes del servicio, considerado, por supuesto, el aspecto político de cada uno de ellos.

La decisión de la Presidencia de la República de extinguir a LyFC, basada en sólidos argumentos económicos, lleva, como siempre, a tratar de entender los motivos e intenciones que tras bambalinas constituyen la razón fundamental de tan osado paso, debido a que la deficiencia en el servicio, la ineficiencia económica de la empresa, data de hace muchos años, situación que se le atribuye a los abusos y relajamiento laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Se dice que este año la administración federal apalancó este año la operación de LyFC con algo así como 40 mil millones de pesos a fin de mantener a flote a la paraestatal y con ello garantizar el suministro de fluido eléctrico a los usuarios de ese servicio en el centro del país, argumento más que idóneo para justificar una erogación de 20 mil millones de pesos (el 50 por ciento del subsidio anual a LyFC) por concepto de liquidación de la plantilla laboral; sin embargo, con los 20 mil millones de pesos, la operación de LyFC cuesta a los mexicanos, este año, 60 mil millones de pesos.

Desafortunadamente, el decreto presidencial publicado el pasado domingo 11 de octubre en ninguno de sus párrafos señala que el monto de las pérdidas económicas que presenta año con año LyFC serán revertidas porque simple y sencillamente gran parte de las pérdidas provienen de la energía que se distribuye y no se puede facturar, porque es robada por cientos de miles de personas que disponen del flujo eléctrico de manera clandestina, tanto para uso doméstico como para uso comercial, robo tolerado en el entendido que permitirlo es un costo mínimo, pagable, que coadyuva a la estabilidad social, a la gobernabilidad.

Tampoco se aclara ni en el decreto ni en el discurso el tiempo en el que logrará revertir las pérdidas ni la forma en la que se piensa actuar para evitar el descarado robo que del fluido eléctrico se realiza en barrios bravos, colonias marginadas y cinturones de miseria; esto es, la extinción de la LyFC es un acto gubernamental plenamente justificado en los resultados económicos negativos que ha venido reportando la paraestatal durante los últimos años, pero cuyo efecto político golpea seriamente al lopezobradorismo, dada la simpatía que el SME manifiesta abiertamente por esa corriente política.

Derivado de lo anterior, el fondo real del decreto de extinción de LyFC es el fundado temor que tienen los grupos de poder afines a la colusión de cúpulas e intereses panistas y priistas al tener claro que dentro del escenario 2012, dadas las deterioradas condiciones socioeconómicas de la mayoría de los mexicanos, para gran parte del electorado empiezan a tener sentido las propuestas de izquierda, por lo que figuras como las de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón pudieran perfilarse como difíciles contendientes de vencer ante el hartazgo ciudadano de gobiernos depredadores, insensibles, promotores de la pobreza como lo han sido los encabezados por priistas y panistas, por lo que esos intereses van con todo, utilizando el poder de gobierno federal, a fin de reventar las fuentes de financiamiento de los candidatos de izquierda, como lo es el caso de LyFC.

De no revertirse los resultados económicos y técnicos de LyFC bajo la administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejará de ser justificada la decisión presidencial de extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y ello se sumará a la irritación social y política derivada del decreto del 11 de octubre de 2009, amén de la movilización social que desquiciará al centro del país en los días por venir. Ya lo veremos.