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  Frente a la corrupción, el tráfico de influencias y el aumento de la violencia en cualquier rincón del territorio nacional, se analiza el papel de un Estado fracasado y minado por la infinita codicia de políticos, funcionarios y supuestos administradores federales, estatales y municipales. Nadie sale bien librado de estos asuntos escabrosos y lamentables de enriquecimiento sin límites. En lugar de ejercer las funciones de verdaderos ciudadanos honestos que puedan a toda costa garantizar la convivencia pacífica, acompañada de los fines y metas sociales del Estado, en cualquier nivel brotan los actos de corrupción.

Por desgracia los funcionarios y políticos no se ajustan en ningún momento al cumplimiento estricto de las atribuciones que les fueron encomendadas por el voto de los ciudadanos, y ni siquiera buscan apoyar sus resoluciones en las disposiciones y ordenamientos jurídicos. Al contrario no les importa para nada fundamentar todos sus actos y menos someterse a los controles institucionales. Tampoco existe la mínima posibilidad de corregir estas equivocaciones, desviaciones o hechos corruptos, porque el propio sistema jurídico no cuenta con los recursos del referendun o plebiscito que pueda examinar a la autoridad gubernamental.

No obstante durante las elecciones pasadas de julio, en las urnas ya fue reprobado el gobierno federal que continúa empecinado en no presentar un programa en beneficio de los mexicanos, y la modificación del rumbo de la crisis social y política en que está hundida la nación. Se ha perdido el principio de legalidad que se extravió en las elecciones presidenciales de 2006. Ahora permanece sólo la defensa de la Constitución y de las garantías individuales, por medio del juicio de amparo. Lo demás corresponde al abismo de la polarización que experimenta el país, con los grupos políticos enfrentados, y no unidos alrededor de un pacto nacional que rescate la esencia constitucional de las libertades constitucionales.

Es tiempo de intentar la representación política derivada de la división real de los poderes; intentar la tarea de reconstruir el estado de derecho y su personalidad jurídica. Los primeros pasos deben darlos los diputados y senadores para edificar un instrumento jurídico que permite autorizar con la Ley de regreso a las tropas a los cuarteles, lo cual abra el camino otra vez del reconocimiento y respeto a las autoridades civiles.

De otra manera la irritación social, que ya apareció con la rechifla y gritos de protesta ante los pésimos servicios públicos y por la imposición de obras que en nada benefician a la población, y no logran un poco aliviar el problema del tránsito vial. Con avenidas y calles destrozadas que se inundan ante la inexistencia de limpia pública o la limpieza de las atarjeas. Frente a este escenario, los grupos políticos en pugna emplean todos sus recursos no en beneficio de la sociedad, clases marginadas, sino en las calumnias, mentiras y falsas promesas. Por ejemplo, la retórica de que ahora sí se van a bajar los sueldos los funcionarios, diputados y senadores, o que en verdad van a terminar con los sindicatos corporativistas y al servicio del partido de Estado. Quedan por investigar los enormes negocios con el saqueo de los bienes de la nación.