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  El planteamiento de Javier Duarte de Ochoa de hacer que los delegados federales cumplan con los requisitos profesionales mínimos para ejercer su encargo resulta positivo, pues el ideal de la administración pública, de cualquier nivel, es que sus directivos atiendan sus responsabilidades antes de hacer que la eficiencia de su trabajo sea una mezquina coacción para apoyar a la fuerza política a la que se encuentra afiliado. El amiguismo y compadrazgo que hace mucho tiempo definió don Daniel Cosío Villegas, como rasgos preponderantes para designar funcionarios, eran perversiones que solamente se le atribuían a la época en que el PRI era "el partidazo". Hoy con la alternancia a la ultraderecha, el discurso de la queja es idéntico, sólo que han cambiado los colores protagónicos.

En el momento en que la desgracia cae en la población, la ayuda que concede el gobierno, por ejemplo las despensas destinadas a las regiones azotadas por desastres naturales, aparecen ataviadas con las bolsas de plástico de la tonalidad política a destacar. Imagine usted cualquier lugar de la República sufriendo los estragos de una contingencia y apoyan los tres niveles de gobierno y cada uno de sus titulares proviene de institutos políticos diferentes. Habrá una guerra de nylons policromáticos.

Por esta razón, y en congruencia a los criterios de prudencia, efectividad, oportunidad y sensibilidad que ha distinguido el estilo personal de gobernar de Fidel Herrera Beltrán, es conveniente lo que propone el legislador por el distrito de Córdoba.

En el mar de oposiciones en que se encuentran todos los partidos políticos, y me refiero a esto porque el PAN tiene la Presidencia de la República, pero es oposición con respecto al gobierno estatal y así muchos viceversas, por ello de aprobarse la propuesta de Duarte de Ochoa, tendría que haber esfuerzos similares en cada una de las legislaturas locales para no poner bajo sospecha de propósitos electorales en el ejercicio de atribuciones propias como tareas de protección civil y desarrollo social.

El punto que habría de reformarse es el numeral 17 bis fracción primera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en su texto vigente estipula: "I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales.

Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva; c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público".

Otro detalle a destacar es además que debe haber diagnósticos objetivos acerca de cuáles dependencias federales deben contar con delegaciones y en qué entidades, porque el inicio del artículo en comento dice: "Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos".

Es claro, "podrán contar con delegaciones", no viene el imperativo de "deberán", son verbos distintos que cualquier abogado podría aceptar en el criterio gramatical. Asimismo, si estamos viviendo una etapa complicada en materia económica y es conveniente disminuir el gasto corriente de las secretarías federales, debe haber una reorganización para que incluso una delegación pueda agrupar una jurisdicción más amplia a la de una simple entidad.

De conformidad al documento expedido por su gabinete de comunicación, el legislador subrayó que "en una época de crisis como la que se vive es indispensable tener la certeza de que los programas sean efectiva y eficientemente aplicados, no sólo por la escasez de recursos sino por el riesgo inminente de que más familias sigan cayendo en la pobreza o marginación social. Estas prácticas ponen en riesgo la efectividad de los diversos programas que buscan disminuir las brechas de desigualdad". Avante.