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  En sesión de la Legislatura federal, José Yunes Zorrilla tomaba la palabra a nombre del Partido Revolucionario Institucional para fijar el posicionamiento con respeto al tema de desarrollo social y contrastarlo con lo expuesto en el informe de gobierno del Ejecutivo federal. El mensaje del diputado, de origen peroteño, fue devastador y aniquiló con números el discurso triunfalista que notaba "avances" en materia de la lucha contra el terrible flagelo de la pobreza. "El mejor análisis del Tercer Informe de Gobierno lo tienen los mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaria: 19.5 millones. O los 26.8 millones de connacionales incapaces de solventar sus necesidades básicas de salud y educación. O los 50.5 millones de personas sin acceso a vestido, a vivienda y a transporte. La mejor opinión sobre el Tercer Informe de Gobierno la tiene el 47.4 por ciento de la población nacional para quienes el mañana no ilusiona porque el presente hiere demasiado, mata sus esperanzas y entierra los mejores momentos de su vida".

Esa participación tuvo muchos elogios por parte de sus compañeros. La dureza de las cifras muestran en su justa proporción los niveles de pauperización en que se encuentra la República. José Yunes continuaba: "El Gobierno federal con una mano beneficia el consumo de leche a través del Programa Liconsa, aunque con la otra, debido a la importación de leche en polvo, presione a los productores lácteos nacionales a un escenario de competencia desleal que amenaza con devastarlos. Con una mano, otorga un apoyo de 120 pesos mensuales a las familias inscritas en el Programa de Apoyo Alimentario de Diconsa. Pero, con la otra mano, en pocos meses, permite el aumento en los precios de los productos de la canasta básica hasta en dos veces, en el mejor de los casos, y autoriza el alza constante en las tarifas de luz eléctrica y en los precios del gas y los combustibles. Cómo abatir así la pobreza."

La casualidad externa, la crisis no atribuible al gobierno mexicano, tiró por la borda aquella afirmación de convertirse en el sexenio del empleo. Salud, educación, vivienda y empleo, tal como lo asegura el agudo Rodrigo Montoya Rivera, se ha convertido desgraciadamente en asuntos de personas adineradas, porque el Estado adolece de los medios para proveer con eficacia lo antes mencionado, y los pocos servicios que otorgan son de baja calidad; el caso del sistema de salud pública es un claro ejemplo de la ruina institucional que ha alcanzado a algunos "pilares" del Estado mexicano.

Posteriormente, cuando Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social del Gobierno federal, visitó tierras veracruzanas para evaluar algunos impactos de los siniestros ocurridos por culpa del clima, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se hizo acompañar del diputado Yunes para recibirle. Respetando la institucionalidad que exige la coordinación entre todos los niveles de gobierno, con la inteligencia política que le caracteriza, cuando a Fidel Herrera Beltrán le informó Juan Nicolás Callejas Arroyo que para Veracruz estaba reservada la Comisión de Desarrollo Social, el Ejecutivo estatal no dudó en proponer a Pepe Yunes, pues es preciso resaltar que fue compañero de aula en el ITAM del ahora responsable de la Sedesol. La jugada fue magistral, la estrategia de Fidel Herrera Beltrán fue la adecuada con José Yunes Zorrilla.

El diputado cordobés informaba acerca de un esfuerzo para restringir las funciones electorales que pueden representar algunas delegaciones federales. "Los delegados federales no pueden ser operadores de algún partido político ni actuar de manera clientelar, además de que deben tener conocimientos para el desempeño de su tarea, y es por esa razón que el PRI propone modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer las condiciones legales que garanticen un efectivo combate a la pobreza y a la marginación, partiendo de las áreas responsables de ejecutar las políticas sociales".

La propuesta resulta de gran valía para mitigar las emociones partidistas en que pueden verse inmersos. El punto medular es un proyecto de decreto para reformar la Fracción Primera del Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, "que considera establecer condiciones y normas para la operación de las delegaciones federales en las entidades, y en particular de aquellas orientadas a combatir la desigualdad y la pobreza, en particular las secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales". Javier y Pepe en las ligas mayores de la política nacional.