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  En un ejercicio de comparación, cuya línea divisoria es el año 2000, surgen múltiples cuestionamientos sobre el sentido y el grado de avances que hemos logrado como nación. Si hace nueve años se hubiese preguntado en encuesta pública cómo consideraban los ciudadanos mexicanos que estaríamos viviendo en septiembre de 2009, cualquier respuesta seguramente habría sido que estaríamos en mejores circunstancias a las vividas hasta ese momento; es decir, se estarían refiriendo a una realidad que supusieron y que jamás existirá, porque la que hoy padecemos es diametralmente opuesta a la que imaginaron que sería.

Y no es para menos. Las expectativas de la mayoría de los mexicanos iban tras un futuro promisorio, basadas en un nuevo gobierno que había prometido cambios en la vida social, económica y política; que había prometido acabar con la corrupción y el autoritarismo, reactivar la economía nacional, otorgar mejores servicios de salud, educación, seguridad, administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera.

Sueños románticos que el tiempo bruscamente, amargamente, se encargó de ubicar en su justa medida. Ilusiones vanas, esperanzas falsas, terrible realidad. Nadie se hubiese atrevido siquiera a pensar que las cosas podrían ser peor, que los modelos criticados se retomarían casi con fervor religioso, que serían perfeccionados perversamente con resultados desastrosos para el país, para los pobres, para la mayoría de los empresarios, para la clase media, para los empleados, para todos, porque los grandes beneficiados resultan una minoría tan irrelevante que no vale la pena incluirlos en las muestras estadísticas.

Los mexicanos, como ciudadanos y habitantes de este hermoso país, hemos mostrado muy poca capacidad para el cambio. En los últimos cincuenta años sólo algunos vértices sociales han dejado huella: en 1968 hubo demandas sociales de reformas para abrir espacios de diálogo y recibieron la respuesta violenta de un gobierno autoritario; hasta 1977 se dio la apertura a corrientes políticas diferentes a la oficial y se llevaron a cabo los primeros intentos en la Cámara de Diputados.

En 1988 el fraude electoral descarado tuvo que ser suavizado con una nueva composición del Congreso de la Unión, a costa de los dineros del pueblo; en 1996 se llegó a una reforma política electoral. En 2000 se presenta una transición pacífica de gobierno, digna de admiración para la comunidad internacional, pero en 2009 nos encontramos ante la falta de presencia, logros e imaginación, encontrando, en cambio, negligencia ante una oportunidad histórica del gobierno emanado de aquella transición.

Por un lado se observa un progreso lento, aunque evidente y, por el otro, cuando parecía que dábamos un gran salto hacia la democracia, las condiciones se enturbian, aparecen viejos estilos que debieran olvidarse, aparecen nuevas "estrategias mañosas" y no se logra afianzar la participación ciudadana.

Cierto que algunas condiciones son irreversibles, por ejemplo, la pérdida del poder absoluto del presidente de la República; la pluralidad y la convivencia en la diversidad ideológica y de pensamiento de los distintos poderes y niveles de gobierno; la autonomía que han ganado el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La mayor cobertura informativa libre de prensa, radio y televisión.

Estas son condiciones de la democracia que deben formar parte de la cultura política del mexicano para poder afirmar que el régimen político cambió hacia una democracia real. Hace falta, no obstante, con verdadero interés, luchar contra la pobreza, la marginalidad y las desigualdades. Crear un ambiente social con un respaldo económico y una infraestructura fortalecida para brindar mayores oportunidades de realización para la juventud y de protección para los adultos mayores. Hacen falta muchas cosas todavía.

El deseo del PRI de retornar a Los Pinos será más viable en el 2012 de lo que fue en 2006, pero será una prueba de que aprendieron la lección o cavarán su tumba definitiva. Hace falta un cambio profundo, urgente, en la mentalidad de los políticos; respeto a los avances que se han logrado en materia electoral y luchar por consolidar los derechos civiles y sociales de la población. Sin estos elementos, nuestra democracia continúa siendo frágil e ilusoria.

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