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  Una vez más la tremenda corte, que debiera ser la impartidora efectiva y confiable de justicia, se manda al diablo por sí sola. Son más de 11 años que se perpetró la masacre de Acteal, donde asesinaron con lujo de crueldad a 45 personas, la mayoría niños y mujeres, por un grupo paramilitar de indígenas también, que el gobierno arma y utiliza para someter y aterrorizar a los que se rebelan ante las condiciones paupérrimas en que los mantiene el sistema. Desde estos grupos de paramilitares indígenas hasta la más alta instancia de justicia (la Suprema Corte de Justicia de la Nación) están al servicio de ese sistema tan injusto como criminal. Unos, ignorantes que no saben ni a quién defienden, con la promesa de resolver el hambre ancestral o el apoyo en sus rivalidades con otras indígenas para disputas de tierras, creencias o cuestiones religiosas. Otros, los encumbrados, sí saben a quién defienden y por ello venden caro su servicio. No en balde estos ministros de la tremenda corte cobran esos sueldos que llegan a los 200 mil pesos mensuales, mientras el salario mínimo anda por mil 500 mensuales.

Resuelve la Suprema Corte de Justicia liberar a 20 del medio centenar de presos, y el resto está en las mismas condiciones, amparados por "violaciones al procedimiento procesal". Según la corte, la PGR armó y fundamentó mal los procesos a estos inculpados; 11 años después se descubren tales anomalías. Casi nadie cree, de los conocedores del asunto, que eso sea el fondo de la verdad. Estamos de acuerdo que la corte y los procuradores de justicia en general se han ganado a pulso la desconfianza y la incredulidad de la mayor parte de la sociedad. Ya no digamos crímenes de Estado sin resolver o que permanecen impunes a sabiendas de quiénes fueron sus protagonistas, como el 2 de octubre del 68, el 11 de junio del 71, el asesinato de Colosio, Aguas Blancas, y otros muchos casos individuales, como el caso de la periodista Lydia Cacho, o la protección al "gober precioso" Mario Marín, a los represivos y violadores de derechos humanos como Ulises Ruiz y Peña Nieto. Sin mencionar a todos los que saquearon las arcas de la Nación el sexenio pasado. Se trata ahora de defender al sistema que también tiene una guerra no declarada, de baja intensidad, le dicen, contra los indígenas, pero sobre todo contra los que se rebelan contra las condiciones infrahumanas en que los mantiene ese sistema. Esa es pues su función principal, proteger al poder antes que a los ciudadanos, y menos si se trata de ciudadanos de segunda como considera el sistema a los indígenas.

Existe la certeza en muchos de que la mayoría de los liberados son los responsables de la masacre. Al reabrirse nuevamente la investigación los liberados no podrán ser juzgados dos veces por el mismo delito como ordena la Constitución. Aun suponiendo que hubo anomalías al armar los procesos por parte de la PGR, uno se pregunta, si aquí no procede buscar a los responsables de tales fallas cometidas adrede para que 11 años después otra instancia de la justicia (la suprema) venga a descubrir esos supuestos errores. Dirán lo que quieran, y los medios y muchos "analistas" les brindarán su apoyo, pero es indudable para la mayoría de la sociedad que actúan con dolo y al servicio de los grandes intereses del poder, que a 11 años de este crimen de Estado se tenga que empezar una investigación en la que ya nadie cree. Como tampoco creemos que habrá justicia en el accidente de la guardería de Hermosillo. Sólo un tribunal internacional, como el tribunal Russell que juzgó y condenó los crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Vietnam, puede dar luz e impartir justicia en este caso de Acteal, tal y como propone Adolfo Gilly.

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) fue quien propuso a la Suprema Corte la revisión de los procesos en el caso de Acteal, con los resultados que ya comentamos. Retomo la propuesta de Magdalena Gómez para que el CIDE y la Corte también revisen los procesos absurdos e indudablemente llenos de aberraciones jurídicas, de los presos políticos de Atenco que purgan sentencias de más de 100 años.