El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, dijo en el puerto de Acapulco, al participar en la ceremonia de presentación del Sistema de Información de los Pueblos Indígenas de Guerrero, que la posible adopción de la cadena perpetua para los secuestradores en el catálogo de penas de nuestro Código Penal Federal "no resolverá el problema de la inseguridad en el país porque lo que se requiere es la participación del conjunto de la sociedad, ya que es un problema que nos incumbe a todos y en el que todos tenemos que participar". Y luego, descartando una sola medida o acción, propuso "soluciones completas" ante un asunto de enorme complejidad.

No se podía esperar otra cosa del rector y de la Universidad. Una de nuestras facultades más ilustres y de mayor abolengo es la de Derecho, donde obviamente se enseña Derecho Penal y en la que la ciencia jurídica en esta especialidad ha llegado desde hace mucho tiempo a una conclusión terminante: las penas duras (la de muerte, la de elevado número de años, la prisión perpetua) no son ejemplares y en consecuencia tampoco útiles; razón por la cual si se las aplica se vuelven meros instrumentos de venganza oficial. Además, el Presidente Calderón ha hablado de "cadena" perpetua, denominación obsoleta puesto que en nuestro medio penitenciario no se castiga a nadie con ninguna clase de "cadena"; lo que orilla a suponer fundadamente que el Presidente ha recurrido a una propuesta insubstancial y de corte demagógico. Tal vez de buena fe, horrorizado igual que México entero por el nefando crimen del adolescente Fernando Martí, trágico colofón hasta hace unas horas del fracaso rotundo de la estrategia del gobierno en su lucha contra la llamada delincuencia organizada y el narcotráfico. Tal vez también con patriotismo, suponiendo que es en beneficio del país. Pero equivocado, absolutamente equivocado. Y el Presidente en su calidad de abogado lo sabe o lo debe saber. ¡Que recuerde sus clases de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho!

Qué bueno que el rector Narro Robles se ha opuesto terminantemente a la prisión perpetua. En medio de la desazón que vive México, de la incertidumbre que nos acongoja, de la inseguridad que nos amenaza, su voz es un aliento cultural, humanista y cargado de razón. La tarea del universitario es indagar, investigar, estudiar y concluir. La prisión perpetua, en efecto, es un residuo a nivel de sanción del sistema inquisitorial penal. Así mismo y en rigor ya se impone a los sentenciados habida cuenta de los sesenta años de prisión que para ciertos delitos prescribe el Código Penal Federal, a lo que es de añadir, ¡para el colmo de la represión penal!, la acumulación de sanciones que sobrepasa el límite más razonable de una vida. Y en el hipotético y lamentable caso de que se adoptara, ¿dónde quedaría entonces el artículo 18 de la Constitución que consagra el principio de la readaptación social del delincuente por medio del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación? Dejo a un lado, a propósito, la abominable reforma constitucional en materia penal (Diario Oficial de la Federación, de junio 18 de 2008) en que se ha adulterado el sentido jurídico, teórico e histórico de dicho artículo. ¿Acaso entre los especialistas doctos, estudiosos, serios, del gobierno o cercanos al gobierno, ninguno lo registró? Repito, ¿dónde quedaría el artículo 18 en su parte medular?

¿Prisión perpetua?, que no "cadena" perpetua, que suena a mazmorra pestilente y tenebrosa. ¿Es una solución, un subterfugio, un pretexto demagógico y populista con el que se busca paliar o aminorar la rabia, el coraje, de millones de ciudadanos indefensos y ofendidos, agraviados por la inseguridad y el peligro? En el mejor de los casos no sería una solución sino un mecanismo de aplicación posterior a la comisión del delito. Y lo que el pueblo reclama con urgencia son mecanismos, en concreto una Política Criminal, que en su condición de anteriores al delito eviten o controlen su comisión. Lo contrario es semejante a tapar el pozo después de ahogado el niño. Por cierto, causa asombro que el representante legal del Arzobispado de México se oponga a la pena capital, contraria a las enseñanzas de la Iglesia que defiende el valor supremo de la vida, y en extraña contradicción admita la posibilidad de la prisión perpetua que en el fondo es similar a aquella, pues desconoce y desprecia ese valor.