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  En este inicio de año estamos impactados por las escenas dantescas del terremoto en Haití. Esta desgracia de proporciones catastróficas rebasa la del tsunami que azotó las costas asiáticas en 2004, pero concentrado en un pequeño lugar con alta densidad poblacional en condiciones de pobreza extrema.

Es todo un reto para la comunidad internacional el esfuerzo coordinado de ayuda humanitaria que deberá proporcionar durante un prolongado tiempo. Ignorarlo implicaría por omisión un genocidio de proporciones semejantes a muchos conflictos y guerras que podemos recordar, como lo fue Ruanda.

En una proporción menor pero también identificable como reto para la comunidad y el derecho internacional, es la interpretación y generación del andamiaje jurídico necesario, a fin de lograr el asentamiento de las organizaciones internacionales y la participación de fuerzas militares de otras naciones en territorio haitiano, con el propósito de garantizar el mínimo de seguridad como condición básica para cualquier intento de reconstrucción.

Mientras tanto, en México nos estamos preparando para la celebración de las fiestas del bicentenario y del centenario. Parece que empieza a permear la idea de que, para que no sólo sean una efeméride, se tendrán que producir resultados concretos en función de las muchas tareas pendientes. Ojalá forme parte de la agenda pública.

Entre los temas prioritarios destaca en primer lugar la preocupación de los mexicanos por la situación económica y el desempleo. Sin ignorar el debate que conlleva, incluso hasta por los premios Nobel, me parece de un simplismo peligroso sostener que el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva sólo se originan por las últimas reformas fiscales que incrementaron las tasas impositivas y el aumento de los precios de las gasolinas, cuando existen señalamientos de expertos y ejemplos internacionales que nos obligan a revisar las deformidades del sistema hacendario y de nuestra economía en general. Se trata de una tarea que no puede emprenderse con dogmas ni prejuicios y mucho menos subyugados por intereses políticoelectorales.

Una expresión clara de este problema con tendencias a agudizarse es el resultado de la reciente Encuesta Nacional de la Ocupación y el Empleo (ENOE), la cual reveló que subió en 48.5 por ciento el número de hogares en donde algún miembro está desocupado, alcanzando la cifra de 2.6 millones, y en un 75 por ciento el de las familias donde todos los miembros con posibilidad de laborar no tienen trabajo, sumando 148 mil 802. Asimismo, el trabajo en la informalidad y en negocios familiares aumentó 14.2 por ciento.

Otra tarea que parece estar entre los propósitos de los partidos es la Reforma Política. Comentamos en una entrega anterior, que seguramente la iniciativa del Presidente sería criticada por incompleta o por incorrecta, pero que representaba la oportunidad de iniciar una discusión pública acerca de nuestras instituciones, en función de su fortalecimiento, e incluso de cambios profundos.

Los señalamientos en este sentido de los partidos y algunos politólogos no esperaron, pero están prometiendo propuestas concretas. Mientras no sean descabelladas ni pretendan injertar figuras extrañas o no rompan el equilibrio entre poderes, tendrán alguna viabilidad.

Si al final logran resultados no obstante la presión electoral y otros problemas, la instancia pública cumplirá con sus responsabilidades; abonará a la democracia representativa y participativa, y expresará la civilidad que implican los acuerdos en congresos que no tienen mayoría.

La posibilidad de ubicar al 2010 como inicio de una etapa está presente en muchos ánimos, pero ésta no podrá concretarse por generación espontánea, sino por la comunidad de esfuerzos de los mexicanos.

La sinergia que requiere el desarrollo de cualquier sociedad implica el compromiso y la actuación de todos sus integrantes, particularmente quienes integran los órganos públicos, pues para ellos además de obligación cívica, es responsabilidad profesional, política, e incluso laboral.

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