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  La reforma a la Ley de la Dirección de Pensiones del Estado, propuesta por el Gobernador del Estado de Jalisco y aprobada el pasado 12 de noviembre en el Congreso del Estado, representa otro duro golpe a la clase trabajadora, en este caso de los servidores públicos al servicio del Estado y sus municipios.

Con el voto de 19 diputados del PAN, dos del Partido Nueva Alianza, uno del Partido Verde y uno del PRI, se convirtió en realidad un proyecto de ley que atenta contra toda lógica de justicia y de apoyo a los derechos de los servidores públicos.

Resulta difícil de creer que en Jalisco sigan pasando estas cosas; donde la clase gobernante, encabezada por el gobernador González Márquez, se hartan de privilegios a costa de la disminución de la calidad de vida de los jaliscienses.

La reforma a la Ley de Pensiones trae consigo más obligaciones para los trabajadores burócratas pero menos derechos, como veremos a continuación.

Aumenta las aportaciones de los trabajadores a este sistema, pasando del 5% de su sueldo que hoy se otorga, al 11.5% gradual en los próximos ocho años e incrementa las aportaciones de los gobiernos de ocho al 20.5% en el mismo periodo.

Estas aportaciones pegarán directamente en el lastimado bolsillo de los trabajadores, además de que acarreará enormes dificultades de pago para los ayuntamientos pequeños de la entidad, que se verán prácticamente imposibilitados de cumplir dichos compromisos en detrimento de los trabajadores municipales de esas localidades.

Otro golpe bajo, representa el hecho de que anteriormente la cotización para la pensión de los trabajadores una vez retirados, se hacía en base a todas las prestaciones que recibía el servidor público, mientras que ahora solamente se hará en función del sueldo base. Es decir, pagas más, pero al final recibirás menos.

Una de las grandes ventajas de los préstamos otorgados a los trabajadores en la Dirección de Pensiones, la representaba el hecho de contar con una tasa fija de interés del 12% anual, misma que ahora ya no existirá porque la reforma reciente señala que será el Consejo Directivo de Pensiones quien las definirá de manera discrecional y créame usted, no creo que jamás sean de menos del 12%.

Otro aspecto que define la reforma, es el hecho de que a partir de que surta efectos el dictamen aprobado, los trabajadores del Estado deberán tener 65 años cumplidos y 30 años de servicio, que si bien no tendrá efectos retroactivos para quienes ahora aportan a Pensiones, sí afectará a quienes comiencen a trabajar en el gobierno y tengan menos de 35 años, pues forzosamente tendrán que laborar más de los 30 años que señala la ley para poder pensionarse.

Además, desaparece la obligación de la dependencia para crear guarderías y estancias infantiles, cuando la tendencia mundial es crear más esquemas de apoyo a las madres trabajadoras.

Es claro que cuando el gobernador Agustín Yáñez, creó la Dirección de Pensiones en 1953, promulgando la ley respectiva, siempre la concibió como un sistema de apoyo a los trabajadores y con un gran sentido social; sin embargo, hoy es lastimoso ver cómo el criterio de quienes nos gobiernan y de quienes apoyaron esta iniciativa, termina en un simple sentido mercantilista de la política y del compromiso social.

La nueva Ley de Pensiones permite al Consejo Directivo de la institución, atribuciones discrecionales como si se tratará de dinero privado y no producto del esfuerzo de los trabajadores del Estado, entre éstas: eliminar restricciones a prestamos de corto o mediano plazo; proponer los plazos para los pagos de los préstamos otorgados; determinar las tasas de interés en préstamos hipotecarios; además de que podrá realizar inversiones financieras nacionales e internacionales, incluyendo las relativas a desarrollos inmobiliarios, prestación de servicios, bienes o artículos de consumo, o incluso la emisión de bonos con el dinero de los trabajadores, permitiéndole al propio consejo, en algo inverosímil, enajenar el patrimonio del ahora instituto, sin la aprobación del Congreso del Estado.

Es decir, hicieron de la Dirección de Pensiones prácticamente una empresa privada con dinero público y del esfuerzo de los trabajadores, y los grandes sindicatos de burócratas, no sólo no dijeron nada, sino que hasta la apoyaron.

Qué lastimoso fue ver la actuación de los líderes sindicales del Magisterio en la Sección 47 y de uno de los sindicatos de burócratas del Estado, apoyando una iniciativa a todas luces atentatoria a los derechos de quienes dicen representar.

Estoy seguro que muchos de los trabajadores que estuvieron "apoyando" la iniciativa, no sabían su contenido y eso es un asunto que estará siempre en la conciencia de quienes hoy dirigen estos grandes gremios.

En tiempos de crisis y desempleo, es indignante cómo los gobiernos panistas encuentran soluciones siempre golpeando a los trabajadores y a las clases más desprotegidas.

Primero, el aumento al IVA y el ISR, además de la escalada de aumentos en cientos de productos básicos iniciando el próximo año; después, el despido de miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas; posteriormente el castigo a los trabajadores al Servicio del Estado en Jalisco, sin saber qué más seguirá.

El desmantelamiento del Estado se está haciendo a costa de los trabajadores, pero dejando intactas las prebendas de la clase política panista gobernante en el país y en el Estado.

Hoy simplemente no queda más que preguntarnos, ¿Hasta cuando seguirá aguantando la gente?