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  LA COLUMNA DE EN MEDIO

Profundamente preocupante desde el punto de vista jurídico, resultan las declaraciones del flamante Alcalde panista, del próspero y opulento municipio de San Pedro Garza García en el estado mexicano de Nuevo León, en el sentido de hacer uso de la fuerza para combatir la ley. "Crearé un grupo de inteligencia y un 'equipo duro' aunque su existencia no esté prevista en ley alguna, para obligar a la delincuencia a 'largarse del municipio, por las buenas o por las malas"', habría declarado, y apenas había rendido protesta como Alcalde de la citada entidad municipal.

La respuesta no se hizo esperar y al momento de conocer su postura ante este problema, grupos de ciudadanos, a través de sus voceros, le pidieron que buscara la Presidencia de la República, situación que confirma el sentimiento de intranquilidad y de frustración en que viven algunos sectores de la población, de esa y de muchas regiones del país.

"Las leyes vigentes son obsoletas" lo que ocasiona que "todos se hagan güeyes", dijo al referirse a la jurisdicción de los diversos niveles de Gobierno, que motiva confusión al momento de ejecutar acciones en contra de la delincuencia, pues las atribuciones legales se enmarañan en el contexto de las leyes y los cuerpos de seguridad quedan imposibilitados para llevar a cabo su encomienda.

La anterior circunstancia sólo obedece a la sensible desaparición que está sufriendo desde la cúpula presidencial, la tutela jurídica que debe protegernos, pues cómo podría explicarse si no de esta manera, las acciones que en diversos rubros ha llevado a cabo el morador de Los Pinos y que lamentablemente han hecho eco en acciones y declaraciones como la que se narra.

Cómo explicar sino como una violación al espíritu constitucional, el hecho de sacar al Ejército de sus cuarteles para combatir delitos del fuero común y federal, sin aprobación previa del Congreso de la Unión, cómo interpretar también el hecho de dejar sin sus plazas de trabajo a más de 40 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Y cómo entender la desaparición de esta misma compañía, sin que mediara un paro o una huelga calificada previamente de ilegítima por las autoridades competentes, y que afectara el desarrollo de las actividades ciudadanas, si no como una violación ya no tanto a la letra de nuestra Carta Magna, sino a la vida de miles de compatriotas.

Y por otra parte, del tan sonado "paquete fiscal", cómo interpretar la impunidad con que se han dejado a más de 60 corporativos evasores, que en su conjunto adeudan al fisco más de 230 mil millones de pesos, lo que según los economistas, es el equivalente a ocho veces lo que Hacienda obtendrá con el aumento al IVA, impuesto a los trabajadores, esto sin contar el resto de empresas favorecidas con la protección oficial, que en conjunto y según la misma fuente asciende 453 mil millones de nuestros devaluados pesos.

Que de extraño tiene entonces, que ante la inefectividad esperada de los operativos militares en el combate al crimen organizado, no obstante la muerte de más de 14 mil personas, según el recuento que a diario actualiza el periódico EL OCCIDENTAL, un Alcalde de un municipio norteño quiera hacer justicia por sus propias manos.

Y a quién pudiera sorprender que grupos de ciudadanos pidan al referido Alcalde, tome la estafeta para iniciar la contienda presidencial y haga valer desde ese ámbito sus propuestas de seguridad pública.

Es obvio que las declaraciones del citado Edil, lo único que pueden provocar es hacerle más daño al tejido social, como inevitablemente ya se lo han hecho desde diversos niveles gubernamentales, con las omisiones al cumplimiento del mandato Constitucional.

Lo peligroso de hechos como el referido es que no son acontecimientos aislados, por diversas partes del a República se escuchan rumores en el mismo tenor, los gobiernos ya no respetan a sus gobernados y a su vez éstos no son ya el receptáculo pasivo que durante décadas aceptó toda decisión sin pronunciar palabra.

En Jalisco por ejemplo, la ciudadanía rechaza la construcción del Macrobús, se opuso a la edificación de las Villas Panamericanas en el así llamado "Proyecto Alameda", reclama por los errores de planeación en la remodelación del Centro Histórico de Guadalajara, no quiere la presa de Arcediano, y hay plantones contra el "puente atirantado", en fin, hay muchas voces de inconformidad que los funcionarios deben saber escuchar a tiempo, pues no es ni necesario recordar que en una democracia, el mandante es la sociedad, el Gobierno sólo es quien obedece.