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  Finalmente ha concluido el proceso de aprobación del presupuesto público para el 2010, salvo que se interponga la controversia constitucional anunciada por la fracción parlamentaria del PAN en el Senado, o que el presidente Calderón ejerza su derecho de veto contra algunas disposiciones. Ambas posibilidades se ven improbables.

En el balance final resultan paradójicas las conclusiones a las que podemos arribar. Por un lado, y no obstante las discusiones dominadas por sesgos partidistas y otros intereses locales y de grupos de poder, podemos concluir que tanto la aprobación de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal como la del Presupuesto de Egresos para 2010, fueron menos ampulosas y que al final se obtuvieron los consensos básicos para lograr las votaciones aprobatorias en las cámaras, debido a la intervención de diversas personas, entre ellos los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, los diputados Becerra y Videgaray respectivamente, a quienes les precede una reconocida vida profesional y personal.

No obstante, al mismo tiempo podemos concluir que el presupuesto general no está respondiendo a un programa integral de medidas y de políticas económicas, y que por ende no le restará vulnerabilidad al país ni contribuirá a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de quienes menos tienen; la competitividad de la economía, ni la inversión productiva nacional y extranjera. Parece que México seguirá cediendo terreno a países como Brasil, y también continuará manteniendo un frágil equilibrio en los ámbitos económico y político.

En México tenemos la tendencia a partidizar toda discusión y a anteponer la rentabilidad política, de imagen o de grupo a la atención de los problemas de fondo. Por ello concentramos nuestra atención y esfuerzo a aquellos asuntos que más nos presionan en la cotidianeidad.

De continuar con esta tendencia, difícilmente lograremos las tan necesarias reformas llamadas por unos de estructura, o de Estado por otros. Sin embargo, una tarea de esta dimensión requiere forzosamente la identificación de los principios, denominadores y necesidades que nos son comunes, así como de los caminos que irreductiblemente deben transitarse para atender esas necesidades. En otras palabras, se trata de identificar un proyecto de nación y los ajustes a nuestras estructuras e instituciones políticas, con la colaboración de las mayorías.

Así como los pactos de la Moncloa en la transición española, en México debemos generar nuestro propio mecanismo que nos permita por una parte evitar que las diferencias de partido, grupos y posiciones ideológicas impidan la reflexión, el arribo a conclusiones y a la ejecución de las mismas, y por otra, sentar, cuando menos, las bases mínimas de los principales elementos que urge atender, las políticas que requerimos para resolverlos, y los cambios mínimos a las estructuras.

Verdaderas políticas públicas para el crecimiento y desarrollo sólo pueden ser posibles si emprendemos los cambios y ajustes en el sistema político para arribar a un sistema democrático con calidad, caracterizado por el acceso de todos los mexicanos a mejores condiciones de vida.

Implican también una actuación sólida, transparente y corresponsable de las instancias de gobierno, que no puede estar cifrada en el debilitamiento de una de sus partes para fortalecer sin medida a otras.

También requiere una fuerte y decidida presencia de la sociedad, tanto en la toma de las decisiones públicas como en el desarrollo de las actividades socioeconómicas que le son propias. Ello requiere tanto condiciones para que se puedan realizar, como libertad con responsabilidad, sin excesivas regulaciones que sólo incitan a la corrupción y al sofocamiento de cualquier iniciativa.

fjzentenob@hotmail.com