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  El escritor irlandés George Bernand Shaw dijo alguna vez, que la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por una elección hecha a merced de una mayoría incompetente. Es difícil que Bernard tuviera la realidad mexicana actual como referencia para su dicho, puesto que él falleció en 1950, no obstante, la frase refleja con exactitud lo que sucede en estos momentos en la realidad política nacional.

Hasta hace pocos años las principales y más trascendentes decisiones nacionales eran completamente facultad del Presidente de la República en turno. Todos los mexicanos sabíamos que las riendas del país dependían de un sólo hombre y que bajo ese esquema, quienes tuvieran intereses específicos en una determinada política pública, tenían que negociar tras bambalinas con él; de ahí que lo importante para los diversos sectores sociales fuera buscar una ruta que les permitiera hacerse escuchar en Los Pinos. Fue el método tradicional de un régimen autoritario, que perduró por décadas y que produjo prácticas políticas que aún están vigentes en todo el territorio mexicano.

Todos creímos que un cambio en el régimen político modificaría ese esquema y así fue. No obstante, el resultado no fue el que queríamos, ya que esperábamos la sustitución del arreglo de los poderosos por un sistema de pesos y contrapesos que reflejará el sentir de la población, dignificara la política y diera apertura del espacio público, al general de los ciudadanos. Nos equivocamos de cabo a rabo como coloquialmente se dice y es que cometimos tres errores garrafales: confundir pluralidad con democracia, pensar que la imparcialidad se genera con la suma de parcialidades y hacer a los partidos los protagonistas de la democracia en lugar de los ciudadanos.

Hoy el sistema político se ha vuelto igual de predecible que antaño: antes todos sabíamos que las decisiones dependían del Presidente, hoy, en cambio, sabemos que las decisiones dependen de las negociaciones aritméticas que se dan entre los partidos. Lo que antes se podía resolver en Los Pinos ahora se resuelve en San Lázaro.

Ese esquema vale para cada todas y cada una de las decisiones fundamentales que se tienen que hacer en nuestro país, llámese cobrar impuestos, determinar el gasto público, aprobar leyes o designar a los responsables de los órganos de Estado como el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como Bernand Shaw indicó pasamos de la elección de un individuo corrompido a la elección de una mayoría incompetente. Restar discrecionalidad a la figura presidencial sirvió para otorgar licencia a los partidos para que en función del tamaño de su representación realicen discrecionalmente la repartición de los espacios públicos y del erario. Todo es materia de jaloneo de los partidos para decidir en función de sus intereses.

Lo vimos recientemente con la Ley de Ingresos y con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación: las decisiones se tomaban en función de los intereses de las partes y no de los nacionales. Lo mismo sucede con la designación de algún representante de los órganos de Estado, en donde se nombra a los amigos y no personas que garanticen a los ciudadanos sus derechos. Hoy todas esas instituciones están repletas de personas que gozan de las simpatías de los líderes partidistas y que, por tanto, garantizan perfectamente el interés de los mismos y reflejan sus preferencias en momentos decisivos. No obstante, se pierde con ello el propósito para el que fueron creadas, que no es otro que el velar por los derechos sustantivos de los mexicanos.

La dinámica de negociación actual es tan mala como la que teníamos cuando una sola persona decidía. Son intercambios de cosas que ponen en riesgo la vida institucional de nuestro país, porque las decisiones que se toman, se hacen a capricho de los partidos políticos y no de un interés general o beneficio común. Se anteponen los beneficios de grupo y el bien propio sobre los de todos.

Hoy tenemos un país dónde uno de los poderes públicos chantajea a los otros a su antojo. El Presidente no puede moverse sin la anuncia de los partidos en el Congreso, y las sentencias de la Corte en asuntos de importancia nacional muestran indicios de alianzas partidistas. Hoy todo se decide en San Lázaro.

Desapareció el autoritarismo presidencial pero nos quedamos con el autoritarismo partidario en donde todo es coyuntural: qué me das y qué te doy; qué necesitas de mí y qué requiero de ti. Un gobierno de toma y daca. La República del cambalache. Un mercado en el que todo se ofrece al mejor postor y donde existe todo menos visión de nación y decisiones que nos conduzcan a un lugar de valía como comunidad. Nuestro cambio de régimen político sepultó el presidencialismo y engendró la partidocracia, que es la dueña de la Cámaras en el Congreso, mismas que son dueñas de la política nacional.