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  Enmarcados por una cuestionable legislación electoral, poco clara y en muchos sentidos violatoria de la Constitución, se han venido desarrollando diversos procesos electorales, mismos que habrán de culminar con la decisión de quién ocupará la Presidencia de la República a partir del 1 de diciembre del año en curso.

Sin duda, la mayoría de los mexicanos quisiéramos ver, oír y ser partícipes de un proceso electoral limpio, en el que todos los involucrados cumplamos con nuestra parte: ciudadanos tener lista su credencial para poder ejercer el derecho al voto; el Gobierno en sus tres niveles conducirse con absoluto respeto hacia todos los partidos políticos y candidatos y garantizar un entorno y un proceso, antes, durante y después de las elecciones, plenamente libre, pacífico, equitativo y justo en el que el voto ciudadano sea escrupulosamente respetado; la autoridad electoral, IFE y Tribunal, ajustarse estrictamente a la legalidad y a la ética, a la transparencia y a la equidad, a la verdad y a las pruebas, sin distingos partidarios ni simpatías o antipatías de ninguna clase, acreditando con hechos el porqué han sido seleccionados quienes los conforman para cumplir con la responsabilidad que se les ha conferido; los partidos políticos apegarse a sus principios éticos, que en esencia son los mismos en todos; promover campañas propositivas y ajenas a diatribas. Participar en la construcción de un ambiente de paz, apegado a la veracidad, en el que prevalezcan el respeto y la buena fe tanto entre sus militantes como hacia sus adversarios, teniendo presente siempre que todos somos mexicanos y fundamentalmente queremos por igual que la nación salga fortalecida de esta justa para superar rezagos, problemas y nuevos retos; y los candidatos conducirse también con gran civilidad, presentando programas y planes de acción a la altura de las necesidades, demandas y desafíos que el pueblo mexicano confronta hoy día.

Lamento, insisto, que las reglas del juego contenidas en las leyes electorales incluyan dispositivos que atenten contra la libertad de expresión, pues es absurdo que se limite en la forma y en el tiempo a un candidato para expresarse o para utilizar determinados espacios públicos o particulares como herramientas de campaña, o en alguna medida el ejercicio periodístico al no poder entrevistarlos, al menos no en tanto no sean formalmente candidatos; o, en fin, al prohibírseles que lancen ataques verbales o en alguna otra forma a sus contendientes, todo lo cual, teniendo obviamente un objetivo sano y de buena fe, raya sin embargo en un atentado a la libertad de expresión que afecta o limita el derecho ciudadano de acceder a la información más amplia, precisamente para estar en condiciones de analizar no sólo a la persona sino sobre todo sus ideas, principios y propuestas.

Preocupa al ciudadano y también al Gobierno que la delincuencia organizada influya en el proceso electoral y es a todas luces una preocupación justificada y válida, como también lo es que otras fuentes de poder fáctico lo hagan también. Debe decirse al respecto que corresponde precisamente al Estado asegurarse de que esto no suceda y en todo caso los votantes estar muy alertas y conducirse hasta donde las circunstancias se los permitan con convicción, valentía y determinación. Lo que está en juego es nada menos que la estabilidad y el futuro de México y corresponde a todos participar en el logro de un ambiente y de un espacio propicio para la participación y la preservación de la Patria.

Este fin de semana el Partido Acción Nacional elegirá sus candidatos a gobernador de Jalisco y a la Presidencia de la República. Lo hará, según se ha informado, mediante votación abierta a la ciudadanía. Será un buen ejercicio para adelantar comportamiento y resultados respecto de lo que vendrá después. Por su parte, las izquierdas y el Partido Revolucionario Institucional han hecho lo propio mediante mecanismos distintos. Están en su derecho. Luego se iniciará la verdadera prueba para todos. Veremos si, como lo anuncian, serán protagonistas de una contienda ejemplar por su civilidad y respeto a la ley. Si efectivamente es el pueblo su principal preocupación y a partir de ahí, en lugar de prometer, proponen alternativas concretas, objetivas y claras de superación y de solución a tantos y tan diversos retos que nos atenazan gravemente. Pero también debemos esperar de los ciudadanos participación, objetividad, capacidad de análisis, compromiso con su conciencia y con su país al momento de analizar y de votar. Todos somos corresponsables.