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  Como es sabido, los habitantes de la población de Capilla de Guadalupe, orgullosamente lugar de mi oriundez, han venido gestionando desde hace años la erección de esa localidad como el 126 municipio del estado de Jalisco, teniendo como resultado que en dos ocasiones el Congreso de nuestra entidad emitiera sobre el particular sendo decreto en sentido positivo, luego combatidos por los ayuntamientos de Tepatitlán y de San Miguel El Alto ante la Suprema Corte de la Nación, mediante acciones de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que se había violentado durante el procedimiento ante el Congreso su derecho a ser oídos.

Tal inconformidad prosperó por mayoría de votos, a pesar de que la ministra ponente, Margarita Luna Ramos, había elaborado su proyecto sosteniendo la legalidad de los decretos, pues se les había otorgado durante dicho proceso el término suficiente a esas autoridades municipales para hacer sus manifestaciones.

En cumplimiento a lo ordenado por la Corte y tomando en cuenta la nueva solicitud que recientemente volvieron a hacer los capillenses, el Legislativo estatal ha abierto otra vez el proceso, otorgando a los referidos ayuntamientos y a otros, un término -en mi opinión sobrado- para que si es su interés, realicen las manifestaciones o presentes al respecto las inconformidades que estimen convenientes, a fin de que sean analizadas debidamente para enseguida resolver dicha petición.

Más allá de las opiniones que podamos tener en relación a los anteriores episodios de este asunto, de la actitud asumida y argumentos vertidos por quienes se oponen tanto a nivel municipal, como estatal, y aún dentro del más alto Tribunal del país a la muy legítima aspiración de mis paisanos y de la ausencia de una legislación que regule adecuada y suficientemente estos procesos, considero que deben analizarse a profundidad los elementos que sustentan dicha aspiración, porque éstos no pueden compararse a los de ningún otro grupo que igualmente en cualquier lugar del país hubiere hecho o en el futuro haga similar solicitud, ante todo por la sencilla razón de que cada localidad, no obstante de encontrarse en el territorio nacional y sus habitantes ser mexicanos, posee características y modos de ser y de pensar y de actuar que provienen de usos y costumbres muy propios de cada lugar, las cuales configuran una personalidad propia.

No es dable por tanto, establecer comparativos tales como gradote desarrollo socioeconómico o cultural, por ejemplo, para determinar si es o no procedente esa solicitud, si en cambio se demuestra que se ha cumplido, en el caso de Capilla de Guadalupe de sobra, con las condiciones o requisitos señalados por la Constitución del Estado de Jalisco en cuanto a número de habitantes y situaciones económica de la localidad, pues es de destacar, sólo a manera de ejemplo, la laboriosidad y sentido de unidad y de organización de los capillenses, que da como resultado, entre otras cosas, el alcanzar la más alta producción per capita de leche y de tequila del país, como igual el establecimiento de numerosas fuentes de trabajo en una diversidad de ramas y el crecimiento del nivel escolar de su población, lo que los distingue regional y nacionalmente como un pueblo que ordenadamente da respuesta a sus necesidades, frecuentemente sin más apoyo que el propio de sus coterráneos, muchos de los cuales desde Estados Unidos ofrecen su solidaridad con entusiasmo y determinación.

Debe resaltarse que en tanto otros grupos acuden a manifestaciones y acciones que alteran el orden e incluso a la violencia, las demandas y gestiones de los capillenses se han apegado siempre a la legalidad y han sido pacíficas; en ningún momento han contrariado a nadie ni su acción es en contra de alguien, sino a favor de una causa justa que se encuentra debidamente sustentada en la razón y en el derecho que tiene un pueblo organizado para superarse en todos los sentidos y así seguir contribuyendo generosamente al desarrollo y bienestar de Jalisco y de México. Negarse por ignorancia a reconocer ese derecho o menospreciar el esfuerzo y el carácter emprendedor y organizado de los hijos de la Capilla, sería injusto, pero negarse a hacerlo por conveniencia o egoísmo, sería injusto, pero negarse a hacerlo por conveniencia o egoísmo, sería mezquino e indigno de cualquier persona o instancia, sobre todo si esa negativa proviene de otro alteño, hacia quien siempre los capillenses han manifestado su respeto y reconocido como hermano.

Es de esperar que los tantos diputados en funciones como los electos, analicen con ponderación e imparcialidad la solicitud y los argumentos que en pro y en contra se presenten y que igualmente lo hagan las autoridades municipales salientes y entrantes de los municipios interesados. A nadie se perjudica y mucho ganarían todos si Capilla de Guadalupe finalmente alcanza ese objetivo. Sería un municipio que por sí mismo empezaría a entender con imaginación y solidaridad sus problemas, retos y necesidades y con lealtad sumaría sus esfuerzos y recursos a la superación del estado y de la patria. ¡Viva Capilla de Guadalupe!