En la democracia sólo el análisis serio y objetivo de los hechos y experiencias políticas, pueden situar lo ocurrido en su exacta dimensión para de ahí articular avances y no retrocesos, por la confusión o desconocimiento.

Una andanada de cargos, se han lanzado sobre los miembros de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que aprobamos las reformas a las Leyes Federales de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Los 47 senadores que promovieron la controversia constitucional, que permitió que la Suprema Corte enmarcara, en la norma máxima, la interpretación debida de las reformas aprobadas para su futura aplicación, aciertan en la encomiable tarea de haber logrado accionar a la Corte en el control constitucional pero, ignoran u ocultan, los antecedentes que explican ese afortunado desenlace.

Es obvio que en las condiciones actuales con el bloque PRI-PAN en el Congreso una mínima reforma a estas leyes estaría siendo imposible. Nadie se podría sorprender entonces que hoy Calderón estuviera utilizando el poder personal, discrecional y legal, que tenía su predecesor para otorgar concesiones de radio y televisión a quienes quisiera compensar por sus apoyos electorales, como lo hizo sin recato Vicente Fox. Tal vez no podría rebajarles más el impuesto en especie que les redujo Marta Sahagún del 12.5 por ciento de tiempo aire, a sólo el 2.5 por ciento pero, seguramente les estaría entregando, alguna otra exención fiscal equivalente. Tan estaba aquí el centro de ese poder presidencial, que no sólo las concesiones nuevas que prodigó Fox a favor de sus amigos están altamente cotizadas, sino los próximos refrendos sin licitación de 193 concesiones que van a ser peleados aduciendo que la solicitud para ello, es anterior a la nueva ley. Con ello quedará plenamente demostrado que la demora de cinco años del Senado, en la aprobación de las reformas que felizmente promovió la de Diputados como Cámara de origen, es la verdadera causa de que no se pueda remontar la facultad discrecional presidencial, en la renovación de las concesiones de radiodifusión. El sectarismo, persecución o despido de periodistas de la radio da cuenta de esta amenaza.

Dejar de reconocer que las reformas permitirán impedir que estas prácticas ominosas prosigan, es falta de objetividad o al menos descuido, en la valoración de los hechos. De igual manera, no reconocer que gracias a las reformas, hoy es posible la convergencia tecnológica para que, por el cambio a la era digital llegue al video la telefonía y, las telecomunicaciones a su vez, a la imagen; es ignorar que ésta es la única vía que permite la multiplicación de frecuencias en las que el estado puede rescatar espacios radioeléctricos que le pertenecen y abrir la oportunidad a concesionarios que, en lo futuro, sean importante fuente de ingresos fiscales.

Los senadores inconformes, a los que estamos lejos de restar un ápice de mérito en su patriótica empresa, no ganaron sin embargo, en un área en la que la Corte se cerró y que es la de la elección, así sea por objeción a las propuestas del ejecutivo de los miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La Corte consideró con miopía que la Cofetel siendo un organismo desconcentrado concede al Presidente la exclusividad de nombrarlos con absoluta libertad. Es aquí donde el poder de facto de los pulpos de la radio y la televisión, pueden hacer nulo cualquier avance legislativo y es donde, se debe poner el acento para las urgentes e inaplazables reformas de los próximos días.

Creo que la aportación más sobresaliente de la Suprema Corte fue el deslindar claramente el riesgo que en lo económico entraña la concentración o monopolio de las concesiones de su efecto, todavía más grave y trascendente, que es el que cierne sobre el derecho la libertad de expresión y de información. Todos sabemos que éste, se vio manifiestamente lesionado en la pasada contienda electoral presidencial cuyas secuelas son todavía imprevisibles porque permitió la conformación de un gobierno débil que en busca de legitimidad, mantiene con evidentes riesgos el futuro de la nación.

En esta perspectiva debemos ponderar el efecto positivo que se provocó cuando, al irrumpir las reformas legislativas a favor de una primera respuesta democrática antimonopólica en la radio y televisión, éstas se trasladaron a una crisis en el Senado que, finalmente se proyecta a la Suprema Corte de Justicia.

No somos la excepción en el mundo moderno que exige, no sólo la transparencia en la vida pública, sino en los espacios concesionados a particulares, para salvar una democracia viva que trascienda lo puramente electoral.

* Profesor Facultad de Derecho UNAM.