Opinión / Columna
 
Antonio Ochoa García de Quevedo  
Hacia un nuevo contrato social: el estado moderno de bienestar
El Occidental
4 de febrero de 2012

  Al formarse, durante la época de Lázaro Cárdenas, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina, cobró forma el "Pacto corporativo", a través del cual se creó una alianza histórica entre el movimiento obrero y campesino y los diferentes gobiernos surgidos o emanados de la Revolución Mexicana. Debemos asimismo resaltar que con la nacionalización en el cardenismo, de los ferrocarriles el 13 de junio de 1937 así como con la del petróleo el 18 de marzo de 1938, se inició formalmente el proceso de industrialización en nuestro país, el cual prosiguió durante la gestión del general Manuel Ávila Camacho y se consolidó en el periodo de Miguel Alemán Valdés quien fue el primer candidato civil postulado por el PRI, que después llegaría a la Presidencia de la República. Por mucho tiempo, con los ingresos derivados de la venta del petróleo, se pudieron subvencionar los gastos sociales como educación y servicios de salud, al establecerse de esa manera el estado de bienestar que tuvo vigencia hasta los mediados de la década de los años ochenta, cuando se inicia el desmantelamiento de la planta productiva paraestatal y con ello se da, paulatina y silenciosamente el abandono del modelo de desarrollo nacionalista, el cual estaba plenamente identificado con los ideales de justicia social e igualdad sobre los que se sustentó el movimiento revolucionario.

En ese sentido, hay que enfatizar que uno de los efectos más indeseables del modelo ultraliberal, el cual fue ideado hacia los mediados de la década de los años setenta del siglo pasado como una forma para hacer frente a la crisis de acumulación por la que atravesaba el sistema capitalista; en efecto una de las consecuencias más oprobiosas derivada de la aplicación religiosa e intransigente de dicho esquema, ha sido precisamente el final de la época de significativas prestaciones sociales que tuvieron vigencia en dicho periodo entre ellas las relacionadas con el bienestar de la población. Ante dicha lacerante situación han surgido algunas propuestas tendientes a redimensionar ese modelo. Por una parte el destacado economista mexicano de origen judío Santiago Levy, propone un IVA del 15% generalizado que incluya medicamentos y alimentos con lo cual se puedan captar entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto que son de 20 mil a 30 mil millones de dólares anuales con los cuales se pueda implementar una seguridad social universal que incluya: seguro médico, seguro contra accidentes de trabajo, seguro de desempleo, seguro de vida y seguro de pensiones. En este contexto hay que subrayar que los grupos más acaudalados pagan más y se les revierte menos en tanto que los sectores más desamparados y de menores ingresos, pagan menos y se les revierte mucho más.

Si bien creo que la anterior propuesta, confirmada por los destacados historiadores Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda en su libro: "Un futuro para México", en efecto dicha argumentación esta bien razonada aunque a ese planteamiento habría que agregar y proponer el que dichos recursos correspondientes al 2% al 3% del PIB, se captaran a través de aplicar impuestos progresivamente más altos a los grupos más adinerados, lo cual se me hace bastante razonable partiendo del hecho de que en nuestro país la diferencia de ingresos entre el 10% que se ubica en la cúpula de la pirámide social y el 10% que se encuentra en la base es de 25 veces habida cuenta que esa proporción en naciones ampliamente desarrolladas como Finlandia es de sólo siete veces. Ya que en la supresión de los estados de bienestar esta uno de los más claros indicativos del fracaso del ultraliberalismo; de ahí la importancia de reactivar la prosperidad a través de alguna de las medidas previamente anotadas.

* Catedrático universitario de la Univa.
 
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