Pongámoslo así, la pena de muerte es la solución "fácil" a un problema complejo. La aceptación de que el poder del Estado, en manos de los gobiernos, es insuficiente para resolver cuestiones que pueden tener su origen en la pobreza, la corrupción de los cuerpos policiacos y en el sistema judicial, la cultura o la laxitud de las leyes. ¿Matar uno, dos, tres o mil secuestradores hará caer los índices de inseguridad en el país? Seguro que no, eso sí elevará las cuotas que recaudan jueces, policías y ministerios públicos que cobran por ser corrompidos, puesto que ahora no se tratará sólo de hacerse de la vista gorda o perder documentos, sino de "salvar vidas" no la de los ciudadanos, sino de los que atentan contra ellos.

Las estadísticas que señalan que la mitad de las policías estatales y municipales y de la PFF no son recomendables, confirman lo anterior. Si a ello le sumamos los malos resultados de los ministerios públicos obtenidos en el Distrito Federal (reprobaron el 50 por ciento pruebas relativas al cuidado respecto a los derechos humanos de los sospechosos y el abuso de la fuerza, así como pruebas de aptitudes académicas), entonces la conclusión inmediata es algo que ya sabíamos: el Poder Judicial está descompuesto y no es confiable. ¿Ello se resuelve con la pena capital?, no, más bien se elude, se preserva y se fortalece.

En México, el 71.4 por ciento de las averiguaciones previas (AP) para el periodo 1996-2006 (Atlas Delictivo del Fuero Común 1997-2006, ICESI) correspondieron a delitos patrimoniales y robo (54 por ciento), y 17.4 a lesiones. El resto de las AP se concentraron en homicidios (2.1), delitos sexuales (1.7 por ciento), privación de la libertad o secuestro (.04) y otros delitos, entre los que se incluyen amenaza, estupro y otros con 25 por ciento. Sin embargo, las AP están muy alejadas de la realidad. Los datos brutos para el mismo periodo señalaban que a lo largo de esos años se cometieron alrededor de 11 millones 606 mil 664 delitos, de los cuales sólo se registraron 12 por cada 100 actos delictivos cometidos (o sea los registrados en la AP). Es decir, al parecer la desconfianza de la ciudadanía en torno al seguimiento que se hace a sus demandas hace que la mayoría de los delitos cometidos queden sin denunciar, ello se puede deber a dos cosas: la solución depende de la capacidad económica del demandante y los procesos judiciales terminan convirtiéndose en un proceso kafkiano.

El secuestro es uno de los delitos más lucrativos para las bandas de criminales y donde más se ha detectado la colusión entre organismos policiacos y los grupos criminales después del narcotráfico; sin embargo, en comparación con el resto de los delitos, éste resulta de una incidencia menor. Si bien es común que por miedo este tipo de actividad criminal no quede registrada, también hay un subreporte en las cifras judiciales al respecto. La encuesta del ICESI ejemplifica con el caso de Tabasco para el periodo 1999-2006, donde a pesar de existir 64 registros en los juzgados, no se inicio ninguna averiguación previa durante ese periodo. Es decir, de los pocos casos que se denuncian no hay un seguimiento de parte de las autoridades. ¿A qué se debe ello? Nuevamente vamos al punto: ¿la pena de muerte combate la incapacidad y la corrupción de las autoridades responsables de atender y resolver las demandas ciudadanas?

En los últimos dos años el clima de descomposición social ha llegado a escenarios antes inimaginables. El secuestro aumentó 31 por ciento respecto al 2007: sólo este año cerrará con más de mil secuestros, y en lo que va del periodo de Calderón han muerto en manos de sus plagiarios más de 100 personas. Una cifra muy por encima de los años previos, los homicidios como resultado de las ejecuciones también aumentaron en este año respecto al anterior en un 23 por ciento. El descontento y la impotencia ciudadana ante la ola criminal de estos dos últimos años vuelve las propuesta simples fácilmente vendibles, como la de del gobernador de Coahuila. Sobre todo cuando se acercan tiempos electorales. En el país, más del 80 por ciento de los ciudadanos estarían de acuerdo en que a los secuestradores se les aplicara la pena de muerte. Supongo que ello obedece a un temor también muy enquistado en la ciudadanía de que un delincuente vivo aumenta su posibilidad de salir por una condena menor. También que pueda continuar con el control de su organización criminal desde la cárcel, es decir, el temor a la corrupción de todo el sistema. Ello deberá tomarse en cuenta ahora que se discute la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Allí es donde deberán resolverse algunos de los problemas aquí mencionados y donde se deberán discutir todas las propuestas, incluso las menos inteligentes.

E-mail: hiram.angel@gmail.com