por Carlos Loeza Manzanero

Las acciones relativas a la reforma de Pemex, que de manera incorrecta algunos han señalado como reforma energética, continúan en un proceso acelerado, y no es para menos si se considera que según el diagnóstico que hace algunas semanas presentó el Gobierno Federal, las reservas probadas garantizan suficiencia para tan sólo nueve años.

Tan pronto se presentaron las iniciativas, se registraron protestas y actos fuera de cualquier orden por parte del PRD y no olvidamos "esa famosa clausura de la Cámara de Diputados". Ahora se ha acordado la realización de foros de análisis donde se pueda ubicar con más precisión los alcances de la reforma propuesta.

Una de las ausencias relevantes en los documentos presentados, fue la relativa a un nuevo tratamiento fiscal para Pemex, que significa uno de los puntos centrales para agilizar al máximo las transformaciones buscadas.

En la medida que Pemex disponga de más recursos podrá financiar todo un programa de inversión, que incluya la exploración en zonas no tradicionales; pero ello obligaría a que en paralelo el Gobierno Federal tuviese la fuente estable para comenzar los ingresos que dejaría de obtener de Pemex.

En otras palabras, Pemex tendría que dejar de aportar como hasta ahora prácticamente todos sus ingresos al Gobierno Federal, para estar en posibilidades del ejercicio de recursos en objetivos tan prioritarios como los que se buscan hacia una nueva exploración y de ser el caso la explotación de nuevos pozos.

Pero ello no es factible en un plazo corto porque no se tienen a la vista las posibilidades de compensar esos recursos que Pemex dejaría de aportar; con recursos provenientes del petróleo se financia en promedio un tercio del gasto público, de ahí que en un efecto doble está amarrado el Gobierno Federal y Pemex en su situación actual.

El primero, porque en el corto plazo no puede compensar los recursos petroleros; y la paraestatal debido a que no dispone propiamente de recursos para ninguna acción que no sea la de su gasto corriente. En consecuencia, nos encontramos en un círculo vicioso en donde al parecer el camino inmediato es la participación de particulares, claro que como ha sido señalado en el Proyecto de Reforma, sin que puedan disponer del petróleo.

En ese sentido, se inserta la nueva propuesta que el Gobierno Federal ha remitido al Poder Legislativo. Se plantea iniciar la exploración en aguas profundas con la participación de particulares, y en paralelo, algunas adecuaciones en materia fiscal, en particular en la Ley de Derechos.

Implicaría aumentar la deducibilidad de los costos, lo que impactaría favorablemente a la paraestatal, en forma muy breve, pero finalmente permitiendo una mayor utilización de recursos propios; asimismo reducir la tasa del Derecho Ordinario en Aguas Profundas en Chicontepec. La combinación de los dos factores permitiría una mejora financiera en Pemex e iniciar exploración en zonas no tradicionales sin que implique desembolsos de Pemex.

Se antoja coherente, pero con demasiada timidez, incluso con mucho cuidado se evita abordar temáticas que pudieran desencadenar reacciones en contra. Es el caso de que se especifica y se aclara que las entidades federativas no tendrían ninguna afectación porque la Recaudación Federal Participable no se impactaría.