por Juan Pablo Arroyo Ortiz

Recién fue difundido el Informe del primer trimestre sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que reporta resultados dentro de lo previsible, con un amplio superávit en materia de balance público que da lugar a que continúe prevaleciendo la estabilidad económica de los últimos años, pero al mismo tiempo también que esos signos favorables no se reflejen en términos de crecimiento económico y empleo.

También, en los años recientes, un factor que ha coadyuvado a la mejora financiera señalada es el incremento de los precios del petróleo que ha dado lugar, incluso, a esos "excedentes" que derivan de que el precio de exportación rebasa al estimado en el presupuesto.

Es una realidad la petrolización de las finanzas públicas, en cuanto a que los ingresos por el energético significan, propiamente, un tercio de los ingresos públicos totales, lo que quiere decir, que el financiamiento del gasto público depende en esa proporción de los ingresos petroleros.

A la fecha se encuentra en discusión y polémica la propuesta de una reforma a Pemex, que permita consolidarla y mejorar su capacidad para continuar explotando y exportando petróleo en beneficio de todos los mexicanos, pero para ello se requiere de un proceso de capitalización que implicaría que se le aplique un régimen fiscal distinto al que prevalece, que le permita utilizar en ese proceso los recursos que genera y que al día de hoy van a las arcas federales para coadyuvar el financiamiento público.

Ese proceso tendrá que ser gradual, porque no se tienen a la vista renglones aprovechables de ingresos que pudieran compensar la ausencia de los petroleros, por lo menos en el corto y mediano plazos, pero necesariamente tendrá que ocurrir, y es indispensable comenzar de inmediato, las acciones que permitan que ingresos fiscales de origen no petroleros financien el gasto público.

De acuerdo al informe del primer trimestre, los ingresos petroleros significaron el 32 por ciento de los ingresos públicos, lo que por sí solo denota la dependencia que se tiene del energético en materia financiera; representando también el 52 por ciento del gasto programable y el 120 por ciento del gasto no programable.

En el primer caso, se refiere a los recursos que se destinan al financiamiento de los diferentes programas que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación; el gasto no programable corresponde principalmente a las participaciones a las entidades federativas y municipios y al pago del servicio de la deuda pública.

Para reforzar lo que significa los ingresos petroleros dentro del presupuesto público se puede señalar que representan el 85 por ciento de presupuesto en materia de desarrollo social, y si se consideran los sectores más relevantes, equivalen al gasto total en educación, seguridad social, salud y asistencia social, en su conjunto.

Lo anterior significa que no se puede ni siquiera pensar que en el corto plazo se pudiera prescindir de los ingresos petroleros, se insiste en que tendrá que ser un proceso gradual, pero que éste exige por sí mismo continuidad en la aplicación de medidas rumbo a una reforma hacendaria.

En ese sentido, se requiere que a la brevedad sean reforzadas las medidas tributarias que incrementen los ingresos públicos; el primer paso, principalmente a través del IETU, consiste en un ataque fundamentalmente a la elusión fiscal, pero hace falta, entre otros aspectos relevantes.