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  Resulta indignante la avalancha material de publicidad gubernamental que plaga los medios. En particular los medios masivos de comunicación.

Dicha publicidad es, además, muchas veces falsaria y mentirosa, como es el caso de la última publicidad de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados federal, en la que dicen propugnar por una gasolina más barata, cuando acaban de votar un paquete fiscal que, dados los impuestos que establece, harán más caros los combustibles.

Del mismo modo pagan spots de radio y televisión, los más diversos organismos gubernamentales para decir, y ahí está una gran parte de lo malo, cosas sin importancia real. Lo que queremos decir es que al oír un spot del Poder Judicial que dice que los caminos son como los ríos y que hay que transitar por el caudal de la paz para llegar al mar de la justicia, no hace ninguna diferencia en nuestras vidas.

Hace ya algunos años, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, se suprimió una gran parte del tiempo mediático que, por ley, le correspondía a las entidades gubernamentales. Acto seguido aparecieron una enorme cantidad de spots, que hasta ahora plagan los medios, que además de no decir nada son un medio soterrado de soborno a los medios cuando por el otro lado queda claro que el país está en bancarrota.

Así las cosas, tenemos publicidad del Poder Judicial de la Federación, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de la Procuraduría General de la República y de diversas Secretarías de Gobierno y todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Lo malo es que, como ya dijimos, dichas acciones de comunicación social no comunican absolutamente nada. Es simplemente un bombardearnos a todos los mexicanos, con spots pagados a costa de nuestros impuestos, que dicen que tenemos los funcionarios más eficaces del planeta.

Entendemos que tener un presupuesto para comunicación social es importante en algunas dependencias ya sea para realizar campañas tendientes a que la gente cuide el agua o sepa que puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos, tenga el teléfono de Protección al Consumidor, sepa a dónde marcar en caso de emergencia o, por otra parte, que se indiquen nuevos trámites, nuevos plazos para realizarlos, que ya es posible renovar o reponer la credencial de elector, etcétera.

Pero lo que es no tener abuela, es utilizar ese dinero para hacerse propaganda, cuando en realidad no hay una competencia a la cual derrotar mediante las campañas de posicionamiento e imagen pública, que realizan dichas dependencias. En otras palabras, dicha publicidad no nos va a hacer ir a otro Senado más competitivo o acudir más frecuentemente al juicio de amparo. La comunicación social de las dependencias no debe de entenderse como un medio publicitario sino como un servicio público.

Nos parece que el actual gobierno, que continúa dilapidando el dinero en sueldos enormes, en publicidad innecesaria. No puede tener cara para haber aumentado los impuestos. Nos parece que deberíamos comenzar a percibir las medidas de austeridad en un decremento del número de plazas de alto nivel, por lo menos para volver al número de direcciones generales y subsecretarías existentes durante el gobierno de Zedillo, o quizá reducir más.

En cambio, en vez de reducir publicidad innecesaria o nóminas excesivas, se reduce el capital operativo de las diversas dependencias, llegando al absurdo en que, por falta de dinero, las entidades públicas no hacen nada más que pagar la nómina. Y sigue la publicidad dando, es decir nos siguen restregando en la cara un gasto innecesario. Pretendiendo vendernos un gobierno que no ha podido encontrar su funcionamiento. En otras palabras "ni la burla perdonan".