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  A todos nos es familiar la serie o la película en la que el malvado delincuente, acompañado de sus abogados, sale del tribunal con una sonrisa burlona ante la impotencia del buen policía que había logrado arrestarlo. Todo por culpa de que no le dijeron cuáles eran sus derechos o porque se había quebrantado cualquier minucia procesal.

Otras veces vemos al buen policía rompiendo la ley al allanar una casa para encontrar drogas, secuestrados o cualquier otra ilegalidad y gracias a ello poder aprehender al delincuente y/o salvar a las víctimas. A Hollywood le encanta inventar situaciones extremas en las que los derechos del ciudadano para protegerse de la autoridad, tienen que ser quebrantados por oficiales siempre buenos e incorruptibles en aras del bien común.

No hay parangón a esta situación en el cine mexicano o en otros cines. En el cine y las series de otros países, los policías son pintados con colores más humanos, con sus miserias y, porque no reconocerlo también, sus glorias. En esos lugares las series policiacas no buscan deliberadamente promover la violación de los derechos de los detenidos.

Los que promueven este modelo de serie o película parecen olvidar que precisamente los controles, límites y/o contrapesos existentes en contra de la Policía han sido ganados a pulso por los agentes del orden.

No sólo se trata de naturaleza humana que en todo grupo los hay buenos y los hay malos. También se trata de que en todo el mundo, cierta gente tiende a solicitar y obtener ciertos empleos, así tenemos que los policías, tanto de China, México, como Estados Unidos tienen ciertos rasgos de carácter comunes.

El hecho es que en todo el mundo se han establecido, en mayor o menor medida, límites a la actuación policial precisamente por los atropellos, que históricamente han cometido aquellos encargados de hacer justicia. Es decir, si se han establecido serios límites a los alcances de la Policía, éstos han sido por las amargas experiencias de la sociedad al respecto.

Es el caso de que en México, después de detonar la ola de violencia que sufre nuestro país, para situarlo entre los más peligrosos del Continente. El Gobierno de Calderón se salió con la suya, al establecer una serie de reformas a las garantías humanas que debilitan la defensa del ciudadano frente a las Policías, normalmente corruptas de nuestro país.

Dentro de dichas reformas llama la atención, la posibilidad de arraigar (detener) arbitrariamente a personas fuera de sus lugares de origen, por varios meses, violentando severamente el orden constitucional. Por otra parte, se establece la posibilidad de confiscar los bienes a quienes el Estado califique de delincuente, sin importar que hayan sido declarados culpables o inocentes en el proceso penal en el que se les juzga.

En estos momentos se está planteando, ante el Congreso del Estado, la necesidad de reformar al vapor nuestra legislación penal, para ponerse a tono y empezar a instrumentar tales reformas el 1 de enero de 2010. Si de por sí estamos ablando de una serie de aberraciones jurídicas, ahora encima estaríamos hablando de que la legislación secundaria se elabore sin pararse a pensar siquiera un poco antes de establecer estas leyes, estaremos logrando generar una situación aún más caótica de que ya es.

A partir de la instrumentación de estas reformas, los agentes corruptos del Ministerio Público y los oficiales corruptos de policía, tendrán mil y un maneras nuevas de extorsionar a la ciudadanía y, ante la ineficacia probada por el Estado mexicano, en la pacificación el país, nos queda claro que probablemente no se logrará nada más que eso.