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  El señor diputado federal y presidente del Partido Acción Nacional propuso, ante el Poder Legislativo, una disminución del 50% del subsidio que el Gobierno federal entrega por conducto del órgano competente a cada uno de los partidos políticos que tienen derecho a ello, de acuerdo con los resultados de la última elección federal que se haya celebrado.

La proposición anterior inmediatamente tuvo respuesta por parte de algunos partidos políticos, que ven en ello disminuir su modus vivendi y que sin embargo, para otros, representaría una de las formas de austeridad que tanto requiere México en el gasto público.

Desde 1978 y 79 en que se estableció, en la entonces nueva legislación electoral, las llamadas prerrogativas a los partidos políticos, me opuse a ello, señalando entre otras causas, un posible principio de control por parte del Gobierno en las finanzas de los partidos políticos, así como en su organización interna, e igualmente en la pérdida de su libertad para funcionar con toda responsabilidad hacia el pueblo de México.

Más adelante, en mi libro publicado en 1994 por Editorial Porrúa denominado: "Guía para un gobernante", analizo con amplitud, lo relacionado con los subsidios a los partidos políticos, entresacando de ello como improcedente lo siguiente:

Las aportaciones de gobiernos extranjeros; las aportaciones de la Iglesia católica o de otras Iglesias, las aportaciones de las sectas; las aportaciones de los sindicatos; las que llevan a cabo los organismos intermedios, como pueden ser las diferentes Cámaras, universidades, las ayudas que en forma indirecta o a través de terceras personas se pueden llevar a cabo, ya sea a través de los medios de comunicación o de diversas empresas privadas.

Lo anterior es, independientemente de aspectos jurídicos y también políticos, pues por ejemplo: el Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política Mexicana al hacer referencia a las obligaciones de los mexicanos señala:

"Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

De acuerdo con lo anterior, es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos. En primer término, hay que recordar lo que se entiende por gasto público de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que en su Artículo 2 señala, que comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que puedan hacer las dependencias que la propia ley señala.

Igualmente vela la pena recordar el Artículo 73 fracción VIII y 74 de la Constitución, pues de acuerdo con las anteriores disposiciones no existía una facultad expresa para que el Gobierno pudiera otorgar subsidios a los partidos políticos, si bien es cierto, que implícitamente pudiera quedar comprendida en algunos de los conceptos que la ley señala como cuenta pública. Asimismo, cabe recordar que posteriormente fue reformada la Constitución y la Ley Electoral en donde se establecía expresamente la facultad del Gobierno para otorgar los subsidios a los partidos políticos en los términos que la propia ley señala.

Por otra parte, bien vale la pena fijar nuestra atención en que los recursos económicos que el gobierno entrega a los partidos políticos se hace con base en los impuestos que la población lleva a cabo, por lo tanto, corresponde a todos los habitantes que estén en edad de pagar impuestos, contribuir al mantenimiento, sostenimiento, propaganda, etcétera, de los partidos políticos que hay en México, aun en contra de nuestra simpatía o aversión ante un determinado partido.

Ahora bien, son miles de millones de pesos los que se entregan permanentemente a los partidos políticos, cuando sino fuera así este dinero podría encausarse para mejorar la situación económica, educativa y social de los mexicanos, por eso, me parece conveniente y oportuna la propuesta que hace el Diputado Federal César Nava para la reducción del 50% del subsidio a los partidos políticos, aunque en lo personal me agradaría que no se diera absolutamente nada, como era hace varias décadas, así como también, que desaparecieran los diputados, senadores y regidores plurinominales.