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  El domingo 11 de octubre, por la medianoche, aproximadamente una hora después de la toma de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a cargo de fuerzas policiacas y militares federales, el Gobierno de Felipe Calderón publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual determina la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, aduciendo una serie de argumentos de ineficiencia operativa y financiera.

En respuesta los electricistas organizaron al día siguiente un mitin multitudinario frente al Palacio Legislativo en el cual el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, reveló nombres de las entidades públicas y privadas que tienen privilegios o "cuentas especiales" o sea no pagan luz o tienen tomas clandestinas, entre las que señaló a la Torre Mayor de Reforma, hoteles de la Zona Rosa y de Polanco, los periódicos Reforma, Unomásuno y la Presidencia de la República. El dirigente sindical convocó al presidente Felipe Calderón a un debate para contrastar las posturas de los electricistas con las de la llamada alta burocracia "y ver quién está mintiendo".

Ciertamente el SME ha sido uno de los sindicatos que han mantenido mayor autonomía respecto del Gobierno y se ha caracterizado por su línea progresista e independiente; por lo que la ofensiva gobiernista no ha escatimado esfuerzos por combatir al sindicato, como lo muestra la serie de denuncias que los electricistas preparan en contra de lo que llaman persecución a sus líderes por parte de agentes de la PGR y de la Policía Federal. Por esto cobra importancia que Felipe Calderón acepte el reto de debatir con el líder sindical a quien ha acusado de usufructuar privilegios.

Felipe Calderón deberá acreditar ante la nación, por qué no se procede igual contra los dirigentes charros de los sindicatos petroleros Carlos Romero o del sindicato de profesores Elba Esther Gordillo; el gobierno debe responder las acusaciones de que la extinción de Luz y Fuerza no se debe a intereses oscuros para hacer negocios privados; de porqué acusa de ineficiencia a los trabajadores y no a los directivos de la empresa; por qué no hubo antes una revisión de las condiciones de trabajo y de la rentabilidad en función de la disponibilidad o no de las herramientas y condiciones para exigirla.

El mismo Felipe Calderón y la alta burocracia mexicana con sus patrones viven como magnates árabes en medio de una crisis ya insoportable que bien puede traducirse en hambre y en riesgo de violencia cíclica, ya que cada 100 años en México ha habido condiciones de miseria y de injusticia: en 1810, la Guerra de Independencia; en 1910 la Revolución Mexicana...

Resulto entonces innegable que el Gobierno nos cuesta muchísimo. Es un parásito autoritario y mentiroso que nos llama a cubrir sus desfalcos mediante más impuestos o mayor endeudamiento. Nuestros legisladores aprobaron desde 1998 mediante el entonces Fobarpoa ahora IPAB, que todos debíamos pagar los desfalcos de las clases privilegiadas: nos costó entonces asumir como deuda pública 560 mil millones de pesos con cargo al erario público; el cuento era que la decisión tenía como fin proteger a los pequeños ahorradores, cuando en realidad éstos sólo representaban el 4% de los fondos contra el 96% que se destinó a la protección de los ricos. Cinco ex presidentes de la República nos cuestan 260 millones de pesos cada año en pensiones de seguridad y apoyo.

Un caso más lo representa el subejercicio en 13 programas sociales que resulta dramático, ya que según el diputado Sergio Lobato de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, la aplicación de recursos a programas contra la pobreza como Liconsa, Seguro Popular y Telesecundaria, alcanzó menos del 10% de su presupuesto anual durante el primer trimestre de 2009; agreguemos a ello que sólo llegan entre 18 o 20 centavos de cada peso a los destinatarios finales.

Estas son sólo algunas formas en las que el sistema económico neoliberal en México nos va llevando a un porfirismo modernizado: una clase privilegiada formada por unos cuantos gobernantes y empresarios hacen los grandes negocios que les permiten vivir como reyes, mientras el costo de sus irresponsabilidades recae en un pueblo agraviado donde el hambre se cierne peligrosamente como agente de liberación nacional, constitucionalmente válido.