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  El Estado laico, una de las creaciones más significativas de las sociedades modernas y democráticas, se vulnera todos los días y en todas partes. Los atentados en su contra proceden no sólo de los gobiernos panistas, sino también de las autoridades de otros organismos políticos. El caso que me alentó a escribir sobre este tema es el que se ha venido dando en el estado de Zacatecas, donde Amalia García Medina, gobernadora de dicho estado, ha destinado más de 116 millones de pesos del erario público en "rescatar y rehabilitar" templos, capillas y santuarios de la Iglesia católica en una veintena de municipios.

Estas acciones, de acuerdo a un comunicado de prensa del Gobierno zacatecano, "forman parte del plan integral que aplicó el Gobierno del estado para dar mayor fuerza al Sector Turístico..." En Zacatecas, como en Jalisco, el pretexto de las autoridades para destinar fuertes sumas de dinero a edificios católicos ha sido el impulso al turismo, sin importar que se violente el principio histórico de la separación Estado-Iglesias.

Antes de la gestión de García Medina, Ricardo Monreal -también del PRD-, regaló seis hectáreas a los Legionarios de Cristo. En ese terreno, la congregación religiosa fundada por Marcial Maciel Degollado, edificó el Instituto Everest, mismo que fue inaugurado por el ahora coordinador del PT en el Senado de la República. De acuerdo al orden de los acontecimientos, se puede observar que la tendencia en Zacatecas es favorecer a una asociación religiosa por encima de las demás, pasando por alto lo que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su Artículo 3 dice: "El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna Iglesia ni agrupación religiosa".

La importancia del respeto irrestricto al Estado laico estriba en que en un país con una creciente diversidad religiosa, como el nuestro, esta institución es la única que puede garantizar la convivencia armoniosa entre las diversas creencias religiosas, ya que a todas ellas les brinda el debido reconocimiento, y les otorga igualdad ante la ley. Por eso mismo, me parecen injustificados los temores de quienes piensan que el fortalecimiento de la laicidad es perjudicial para la vida de la nación. Nada más alejado de la realidad, pues "laicidad no significa abolición de la religión, sino la libertad de decisión en materia de religión".

El punto en disputa no es en sí el rescate y rehabilitación de los edificios católicos zacatecanos, sino que dichas obras se realicen con fondos públicos, mismos que podrían utilizarse en atender los rezagos que prevalecen en distintas zonas de aquella entidad. Aquí, en Jalisco, nadie se opuso a la construcción del Santuario de los Mártires, sino a la donación de 90 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado de Jalisco. Las severas críticas no fueron en sí al proyecto, sino a la disposición ilegal de recursos del erario público para la edificación de un edificio religioso.

En un Estado laico, los gobernantes no pueden favorecer ni perjudicar con sus acciones a ninguna institución religiosa. Su deber es conducirse dentro del marco de la ley y con absoluto respeto a las distintas creencias religiosas, tomando sus decisiones de gobierno al margen de la religión. La medida de promocionar el turismo en Zacatecas es buena, pero debió de haberse tomado sin el ánimo de favorecer a una Iglesia en particular, ya que esto se traduce en un acto discriminatorio hacia las demás asociaciones religiosas.

Nadie critica la fe ni la libertad de creencia de los funcionarios públicos que se han dedicado a favorecer a la Iglesia católica a través de este tipo de acciones, sino ese proceder ilegal que ofende a millones de contribuyentes no católicos, e incluso a muchos de los que profesan la fe católica.

Al ver lo que acontece en distintos estados de la República, resulta imperiosa la reanudación de los trabajos legislativos encaminados a elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. La actual Legislatura tiene la obligación de llevar a buen puerto dicha reforma, con la que se obstaculizarían las violaciones de la laicidad, y se evitaría el indeseado retorno a los tiempos de intolerancia religiosa.

armayacastro@yahoo.com.mx