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  LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Así como apenas comienza a cobrarse conciencia colectiva sobre la pertinencia del ejercicio democrático en la elección de los gobernantes, y la responsabilidad documental que implica el servicio público contemporáneo, necesitado de indispensables registros que fundamenten el quehacer gubernamental, pareciera ser que México paulatinamente deja atrás la tradicional costumbre de reconstruir trienal y sexenalmente sus programas de trabajo; pero sobre todo aceptan los nuevos protagonistas del ejercicio del poder que registrar sus actos y sucesos, aún en contra de su voluntad al evidenciar de igual forma sus alcances e incompetencias, evita la condena de repetir los tropiezos inhibidores de la evolución socio-política.

Sin embargo, mientras no se complete la tríada jurídica indispensable que soporte el derecho constitucional al acceso a la información pública y la fundamental transparencia gubernamental, con una ley de archivos públicos y otra sobre datos personales, entonces seguiremos dependiendo de voluntades circunstanciales de las autoridades a ese respecto, sin que todavía el Estado Mexicano se obligue a integralmente garantizar ese derecho con las limitadas consecuencias que hasta la fecha adolecen, sobre todo en entidades federativas, ayuntamientos y organismos públicos autónomos.

De esta manera podrían evitarse las persistentes destrucciones de registros y archivos públicos que resultan "riesgosos" para las autoridades en turno, así sean de cualquiera de los tres Poderes y tres niveles de Gobierno, al igual que de cualquier fracción política, sancionando esa práctica con la cárcel y severas multas, a efectos de frenar la criminal tendencia de fragmentar la historia documental de nuestras comunidades.

La puesta en marcha de estas adicionales legislaciones, además de garantizar el legítimo derecho al que aspiran los ciudadanos, permitiría establecer toda una nueva cultura en la práctica gubernamental de registrar sus acciones y evidenciar el alcance de sus decisiones, e incluso obligar a los servidores públicos a apegarse a la objetividad de los hechos, desacralizando y despolitizando sus ejercicios, puesto que el escrutinio inmediato que emprenderían los gobernados sobre sus gobernantes, podría representar la oportunidad de una mayor intervención ciudadana en las decisiones que colectivamente afecten.

Evolución que también obligaría a los partidos políticos a preponderar competencias y altas especializaciones en la selección de sus correligionarios para ocupar cargos públicos, toda vez que el escrutinio cercano y permanente de la ciudadanía exigirá sin duda más rápidas y eficientes respuestas de los servidores públicos, a menos que estén dispuestos a arriesgarse a perder la confianza de los electores que cada vez más exigen respuestas expeditas a sus demandas.

Consecuentemente el anhelo por disponer de mayores estándares de calidad en la información disponible en las instancias públicas, podría comenzarse a cristalizarse con la creación de nuevos sistemas de documentalización pública, en instalaciones distintas a las actuales y con profesionales acreditados y confiables al respecto, a efectos de preparar la nueva era informacional de los gobiernos de la mano de las nuevas tecnologías y con mecanismos eficientes para cualquier ciudadano que lo requiera, así disponga o no de un equipo computacional, y su propósito tenga razonamiento lógico o solamente satisfaga curiosidades personales.

Al menos 40 años pasaron para que nuestro país llegara a los niveles de evolución democrática e informática actuales, por lo que bien valdría la pena esperar un periodo más o menos semejante, que evolucione la práctica gubernamental de rendir cuentas a sus gobernados, con lo que el paradigma democrático podrá honrar su promesa evolucionista.

* Presidente en Jalisco de la Fundación para la Libertad de Expresión.

fundalexjalisco@yahoo.com