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  LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Más allá de "institucionalizar" el cinismo de algunas autoridades que abusan en el ejercicio del gasto público o de los excesos en algunos usuarios de la información para propósitos de lucha política y descrédito gubernamental, el alcance de las reformas constitucionales, en materia de derecho a la información pública, se encuentra en la intervención de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, ya sea evidenciando mediáticamente incompetencias o irresponsabilidades de las autoridades o a través del aprovechamiento de las herramientas jurídicas, que existen para incidir en las políticas públicas institucionales, léase referéndum, plebiscito e iniciativa popular.

De ahí que la siguiente etapa en esta contemporánea práctica del interés público, evolucione hacia procesos de sistematización y mayor precisión en la información pública que se dispone, acotando la discrecionalidad de los administradores e inhibiendo escenarios de corrupción, antaño soportado en la opacidad de las prácticas gubernamentales.

Sin embargo, la incipiente cultura por documentar las acciones de gobierno y preservar registros al respecto (archivonomía), aunado a la vilipendiada y menospreciada rendición de cuentas por parte de los gobernantes (en turno) a la población en general, anticipa un largo proceso de aprendizaje, que a casi un sexenio de efectuarse, muestra todavía resistencias políticas (partidos y asociaciones), regionales (estados y municipios) y hasta socioculturales, e incluso confusas interpretaciones por parte de beneficiarios (ciudadanos) como de responsables (autoridades), muchas de las veces convenencieras a la luz de nuestras revanchistas costumbres jurídicas y procedimentales.

Si adicionalmente incorporamos el factor de mínima o nula confianza de la ciudadanía en el uso de la información personal (Habeas Data) que efectúan las autoridades, hoy en día adscritas transitoriamente al ejercicio del poder público, el escenario se vuelve más aún desesperanzador, mientras la cultura de la participación política y democrática, al igual que la del ejercicio público, se circunscriban a las circunstancias coyunturales y se resistan a la evolución exigida por las nuevas sociedades.

Desafortunadamente en el caso del estado de Jalisco, este ejercicio en busca de la transparencia y el acceso a la información pública, por su inexplicable régimen de conformación a partir de designaciones efectuadas desde el Poder Legislativo (Congreso del Estado), altamente cargadas de decisiones estrictamente político-partidistas y ajenas a la preponderancia de criterios de competencia profesional y el reconocimiento social en torno al nombramiento de sus "consejeros ciudadanos", ha permitido, hoy en día, aberraciones tales como negar el acceso al padrón de algunos partidos políticos, "por disponerse de datos estrictamente personales de los miembros activos".

O peor aún, que la promoción de denuncias penales en contra de distintos sujetos obligados, guarden "el sueño de los justos" en el seno de la Procuraduría General de Justicia del Estado (dependiente de otro sujeto obligado, como lo es el Poder Ejecutivo), pese a advertirse graves violaciones a la normatividad vigente en la materia, otrora vanguardista en la República Mexicana.

En consecuencia, queda claro que estas tendencias contemporáneas (al menos para México) en torno al escrutinio público y el ejercicio del poder, únicamente evolucionarán con el paso de otras generaciones más convencidas sobre la pertinencia social que implican dichas prácticas, generadas desde una democracia más, sustentada en el equilibrio de las obligaciones y los derechos de la ciudadanía a participar con sus contribuciones y exigir resultados a sus representantes votados en las urnas, condiciones de reciprocidad y responsabilidad implícitas en toda nación democrática que se precie de serlo.

* Presidente en Jalisco de la Fundación para la Libertad de Expresión.

fundalexjalisco@yahoo.com