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  Entre los años de 1876 a 1911 prevaleció en nuestro país el régimen semifeudal del porfiriato, el cual estuvo, esencialmente, estructurado o circunscrito en torno al modelo productivo de las haciendas, en las que laboraban de sol a sol los peones o jornaleros agrícolas, quienes recibían una escasa o precaria retribución por su trabajo y se veían obligados a endeudarse de por vida a través de las alcabalas o tiendas de raya. Otro problema fue la negación de los derechos democráticos por un dictador, en este caso Porfirio Díaz, que salvo con la excepción del relevo de Manuel González, de 1880 a 1884, se hizo reelegir permanentemente, violando el veredicto popular expresado en las urnas. Esto desató el estallido del movimiento revolucionario el 20 de noviembre de 1910, al convocar el caudillo de Parras, Coahuila, Francisco I. Madero al "Plan de San Luis Potosí" e iniciar la lucha armada. Mientras que el antes citado prócer consideraba que la celebración de elecciones limpias y transparentes era el medio más cercano hacia la resolución de los grandes problemas nacionales, pensamiento que de alguna manera compartió El Barón de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Venustiano Carranza al convocar en 1916 a los trabajos del Congreso Constituyente de Querétaro, que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Carta Magna que aún nos rige, primer documento jurídico y político a escala mundial, que por la iniciativa de algunos notables legisladores como Francisco J. Múgica y Heriberto Jara incorpora en su texto los derechos sociales contenidos respectivamente en los Artículos 3, 27 y 123.

En ese sentido hay que resaltar que para Francisco Villa, quien en el Norte del país en, el estado de Chihuahua, demandó mayores oportunidades de educación y salud para los vaqueros y sus familias, así como para Emiliano Zapata quien en el Sur en el estado de Morelos exigió la restitución de las tierras de que habían sido despojadas a las comunidades indígenas, ciertamente para estos dos caudillos, la justicia social era la principal causa revolucionaria. Por otra parte hay que destacar respecto a los derechos sociales, que en el Artículo 3 se retoma el precepto de la educación popular de la Constitución liberal de 1857, aportado por Valentín Gómez Farias y establece que la enseñanza que imparta el Estado deberá ser laica y gratuita; en el Artículo 27 se norman los tres tipos de propiedad en el campo: la ejidal, la comunal y la pequeña así como el control por parte del Estado mexicano de los recursos naturales prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país, como el agua, el petróleo y el gas natural mientras, que el Artículo 123 cuenta con la legislación laboral más avanzada prevaleciente en Europa a principios del siglo XX, y está reglamentado en la Ley Federal del Trabajo.

En los anteriores conceptos se estructuró el Estado Social Mexicano de las décadas de los años veinte, treinta y primera mitad de los cuarenta. Constituyeron la parte medular o estratégica en el diseño de las políticas económicas y sociales para el desarrollo y la industrialización, al haberse iniciado ésta en la gestión del presidente Lázaro Cárdenas del Río, la cual prosigue en la administración del general Manuel Ávila Camacho y se consolida en el gobierno del primer candidato civil, postulado por el PRI que a la postre llegara a la Presidencia de la República es decir Miguel Alemán Valdés, con quien tiene cabida el cambio del paradigma histórico del modelo agrícola y rural a la vida urbana, la industrialización y la modernización. En este contexto hay que subrayar que el Artículo 27 Constitucional representa la columna vertebral de los derechos sociales y es asimismo el más fiel paradigma de las instituciones de Derecho Social, creadas por la Revolución Mexicana e implementados, subsecuentemente, por los gobiernos posrevolucionarios.

Debemos enfatizar que fue el modelo de economía mixta incluido en la Carta Magna de 1917 el que permitió e hizo posible el hecho de que desde 1935, en la administración del presidente Lázaro Cárdenas y hasta 1982, al concluir el gobierno de José López Portillo, la economía mexicana creciera a tasas del 6% anual en promedio, al destacar en esta referencia histórica diacrónica el periodo de 1940 a 1968, en el que tuvo cabida, el milagro económico mexicano que incorpora, de 1958 a 1970, el desarrollo estabilizador a través de la sustitución de importaciones. Otra forma de ver las cosas, la establecen la maestra Ifigenia Martínez y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, de acuerdo a quienes, el tramo que va de 1952 a 1982 obedece al periodo desarrollista que contempla el lapso de 1970 a 1982, cuando se acentuó un mayor intervencionismo estatal en la economía. Hay que destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social representa la mayor contribución institucional de la Revolución Mexicana, cuya creación tuvo lugar en la década de los años cuarenta, con el presidente Manuel Ávila Camacho.

Debemos admitir que en cuanto en la época del profiriato, prevaleció una sociedad extrapolarizada entre unos cuantos hacendados, industriales y banqueros, así como por otra parte varios millones de jornaleros agrícolas y un numeroso contingente de trabajadores fabriles que vivían hacinados en los alrededores de la Ciudad de México; en efecto hay que señalar que con los subsecuentes gobiernos emanados de la Revolución Mexicana se vinieron a consolidar significativos sectores medios emergentes, que tuvieron una participación decisiva, no sólo en los frutos o dividendos del desarrollo sino asimismo en la vida política, cultural y social de la nación. Hay sin embargo que aclarar que esta situación se consiguió en algunas ocasiones como en los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, con un costo inusitado para nuestro país, como fue un incremento desmedido de la deuda externa, que hizo pasar el débito externo de tres mil 800 millones de dólares en 1970 a 20 mil millones de dólares en 1976 y a 80 mil millones de dólares en 1982, con lo cual se llevó, literalmente, a la quiebra al país.

Si bien el nacionalismo revolucionario constituyó por más de tres lustros el fundamento de la ideología revolucionaria actualizada a las demandas sociales de las décadas de los años setenta y primera mitad de los ochenta, sin embargo hay que destacar que dicho paradigma fue viable en el marco de una economía protegida y cerrada que a partir de 1986, con el ingreso al GATT comenzó la apertura hacia la competencia internacional. Posteriormente de 1988 a 1994, el mandatario Carlos Salinas de Gortari fundó su gobierno en el "liberalismo social", ideario que recogía el concepto liberal del juarismo y el precepto social del caudillo revolucionario Emiliano Zapata. En los albores del siglo XXI, vemos con optimismo la refundación del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza la destacada líder Beatriz Paredes Rangel con la nueva denominación del tricolor, como una organización política social demócrata moderna y hacemos votos porque otros destacados militantes priístas, como Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, factible candidato en el 2012 a la Presidencia de la República sepa conducir a nuestro país y a su partido a otra época de grandeza, como la que encabezaron los presidentes Lázaro Cárdenas y el mandatario Adolfo López Mateos, uno de los líderes más carismáticos y queridos por el pueblo mexicano, ya que para que este propósito se haga realidad, dicho partido deberá reorientar sus políticas económica y social de acuerdo a su filiación centro-progresista, con las que sea congruente a sus más importantes tradiciones revolucionarias, toda vez que después de los ajustes en materia monetaria y financiera, que se esperan en el mediano plazo entre ellas un mayor deslizamiento de la paridad del peso respecto al dólar sería positivo que el PRI reformulara la vigencia del seguro de desempleo.

* Catedrático universitario de la UNIVA.