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  ESTRATEGIA Y CABILDEO

Los crecientes secuestros que se han registrado en distintas regiones del país, ha revivido el debate sobre la instauración de la pena de muerte en México; si bien es cierto que no existe justificación alguna para que una persona le arrebate la vida a otra, tampoco lo es que el Estado lo haga por mandato de ley, así sea el más monstruoso de los seres humanos. Cualquier padre de un hijo asesinado, además de la terrible pena que dicho acto conlleva, debe sentir el deseo de darle muerte a los culpables o, que el Estado lo haga.

El problema en México es que la procuración de justicia y los procesos judiciales son corruptos y altamente ineficientes por naturaleza; no cuentan con un marco normativo actualizado y eficaz, con personal bien remunerado y profesional; las anomalías procesales, las lagunas en la ley y la corrupción de las diversas instancias que participan dentro de la averiguación previa, la instrucción y el juicio hacen que la procuración de justicia aún sea una aspiración de la sociedad mexicana.

Pretender que modificando la ley para elevar las penas e instaurar la pena de muerte resolverá el problema de la delincuencia organizada y la criminalidad por sí solo, es una afirmación demagógica que atenta contra la inteligencia de todos.

La manifestación del presidente Felipe Calderón, en el sentido de que hace un llamado al Congreso para retomar la iniciativa que envió desde marzo del año pasado, en la que propone incrementar la pena por secuestro, incluida la cadena perpetua, no es otra cosa más que un intento de lavarse las manos por la delicada situación que se vive en el país con respecto al secuestro; su mensaje a la ciudadanía es que él ya cumplió con enviar la iniciativa y es el Congreso el que la dejó pendiente.

El Presidente está confundido por la necesidad de salir del paso con medidas superficiales que poco abonan a resolver el problema de la delincuencia organizada, en particular el secuestro, ya que al afirmar que "una verdadera justicia exige que el castigo corresponda a la gravedad del delito y del daño social causado... Es el momento preciso para aprobar una reforma como la que hoy propondré nuevamente"; su afirmación es verdaderamente demagógica, no se trata de buscar castigos, su responsabilidad es evitar los delitos.

El caso es complejo y se requiere de una reforma integral al sistema de procuración de justicia; se necesitan incrementar las penas para aquellos policías que delincan siendo policías y después de haber sido, es cierto; pero lo que se requiere es un registro nacional de elementos de Seguridad Pública municipales, estatales y federales que permita saber quiénes son, dónde viven y a qué se dedican durante varios años posteriores a su retiro.

En concreto, lo que se requiere es una verdadera reforma integral al sistema de justicia que disminuya la impunidad; de qué sirve tener penas más severas y hasta pena de muerte sí los culpables son liberados y algunos inocentes condenados.

No podemos aceptar un discurso del Ejecutivo Federal en donde grite a los cuatro vientos: resolveremos el problema del secuestro con castigo y muerte para todos.

* Analista político y cabildero.

analisis@notiemp.com