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  Los voceros del gran capital en nuestro país han venido insistiendo, de acuerdo a su visión y sus intereses monetarios, que el país requiere de grandes reformas. Hablan a nombre del país en busca de aumentar sus riquezas. Esas aspiraciones significan mayor carestía de la vida mediante el pago de impuestos en alimentos y medicinas, por ejemplo.

El gran capital o la alianza estratégica entre la clase gobernante y las empresas más poderosas estacionadas en México, sean éstas nacionales o extranjeras, quiere encarecer y propagar el cobro de impuestos para seguirlos destinando al pago de grandes desfalcos privados y sueldos bárbaros a empleados de gobierno, en lugar de destinarlos al combate a la miseria y hacer efectivos derechos constitucionales a favor de los pobres como el derecho a la vivienda o a la salud, que como servicios públicos los gobiernos han ido descuidando maliciosamente para hacer prosperar negocios privados de ricos influyentes.

Creo en las reformas constitucionales que le regrese el poder al pueblo, a través del ciudadano o de las agrupaciones sociales y eliminen cualquier margen de maniobra a la impunidad y a la corrupción al amparo de los aparatos estatales. Se requieren mecanismos sencillos y ágiles para que cualquier ciudadano pueda hacer realidad los derechos sociales que la Constitución le otorga y los que en el futuro le confiera de acuerdo al avance de la cultura de los derechos humanos.

Debe haber un capítulo que castigue ejemplarmente el abuso del poder, llámese represión o mal uso de los recursos públicos. Uno más que penalice la mentira, el gasto excesivo o la ofensa como medio de conquistar el poder público. Un mecanismo de premios y castigos para los políticos que se traduzca en una ficha del historial sobre respeto a los adversarios y a los recursos públicos, de no antecedentes penales relacionados con la represión, donde se valoren estos rubros como méritos de elegibilidad y como derechos políticos de los individuos.

Debe haber un grupo conformado por especialistas de las universidades públicas y líderes sindicales y agrarios que recabe los datos estadísticos para analizar el estado que guardan los derechos sociales agrarios y laborales, en relación con las necesidades de hacer reformas constitucionales y legales y de orientar recursos públicos con sentido de transparencia, viabilidad y sustentabilidad.

El Poder Legislativo debe también investigar la venta de empresas paraestatales con el fin de sancionar cualquier tipo de fraude que se haya cometido en contra del patrimonio nacional.

El Congreso de la Unión debe en síntesis asumir un papel protagónico de representación social y de traductor de los sentimientos de la nación e idear las reformas que reviertan la desigualdad social que genera mayor inseguridad, porque ha engendrado mayores frustraciones a millones de familias mexicanas a quienes se ha cancelado el derecho a vivir un futuro digno en compañía de los suyos.