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  El actual Gobierno de Jalisco ha venido ejerciendo, con frecuencia, violencia verbal y física en contra de la ciudadanía. Las formas son variadas: la brutalidad policiaca para estrujar, golpear e incomunicar a personas que se han atrevido a manifestar su desacuerdo con decisiones arbitrarias y agravios perpetrados a cargo de los gobernantes actuales. Otro medio para reprimir va de las mentadas de madre al ya clásico "ni los veo ni los oigo", o lo que digan "me vale..."

El sábado pasado fue reprimida una manifestación ciudadana que rechaza el proyecto del Macrobús que actualmente circula por la Calzada Independencia y su proyectada ampliación consistente en la construcción de dos rutas más; la reunión pública fue sofocada por policías estatales, donde resultaron varios manifestantes golpeados y seis de sus dirigentes detenidos. El Gobierno que primero los golpea, luego pretende justificar esa crueldad oficial, totalmente inaceptable, acusando a los inconformes de haber incurrido en delitos contra representantes de la autoridad, ataques a las vías de comunicación, apología del delito, lesiones y daños.

Los gobernantes en cuestión olvidan lo primero: ellos al tomar posesión de su cargo juraron respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para servirle; así mismo, consagra las garantías constitucionales de libertad de expresión de las ideas y de reunión de los ciudadanos. En tal virtud, los ciudadanos no estamos obligados constitucionalmente a aceptar callados que los gobernantes decidan gastar nuestros impuestos o los usen en obras absurdas o de beneficio privado.

Es obvio que en la manifestación en comento, los representantes de la autoridad no corrieron ningún riesgo en ningún momento, las vías de comunicación fueron sólo el canal de circulación de la libertad de las ideas y el derecho a repudiar un gobierno, al que ya reprobó el pasado 5 de julio en las urnas.

El Gobierno al quejarse de daños y lesiones a cargo de los manifestantes, lo hace inconscientemente patentizando su orgullo lastimado y sus intereses exhibidos y puestos en riesgo por lo que responde agresivamente; cuando habla de apología del delito parece dolerse de que se haga público el rechazo a sus decisiones autoritarias donde prevalece el interés privado por lo que debieran ser obras modernas, sustentables, bien hechas, sin daño a terceros, libres del negocio privado con dinero público y de alto impacto social.

La misma Constitución como conciencia de la nación mexicana, prevé que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno; como advertencia que se actualiza a los gobiernos que se aparten del respeto al proyecto nacional expresado en la propia Carta Magna. Aquí en Jalisco, ojalá los priístas asuman con sabiduría la nueva oportunidad que el pueblo de Jalisco les brinda, y trabajen con seriedad y apego a los reclamos sociales; para ello tienen a la vista una larga historia de barbaridades propias y las recientes del panismo gobernante.