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  El gobierno tiene cinco funciones primordiales; dotar a la economía de un marco legal eficiente que defina los derechos privados de propiedad; la procuración y administración de justicia que garantice y proteja estos derechos; mantener la estabilidad macroeconómica; corregir las fallas de los mercados, y actuar de manera subsidiaria hacia aquellos individuos que tiene menores oportunidades de acceso a los mercados, principalmente el educativo, el de salud y el laboral. Para ello, el gobierno tiene que ejercer un determinado gasto y por lo mismo, obtener los ingresos necesarios para su financiamiento. Qué tan eficientemente ejerce estas funciones, constituye el principal elemento para evaluar la labor del Gobierno.

Del marco legal tiene que evaluarse si provee los incentivos adecuados para inducir una asignación eficiente de recursos definidos con certeza los derechos privados de propiedad. Si el marco legal no es adecuado, no se maximizaría el flujo de ingresos que se derivaría de su utilización.

Si el marco legal no es eficiente y da pie a que los burócratas actúen como "Buscadores de Rentas", es decir, al tener el burócrata el poder para otorgar, negar o condiciones un permiso, se puede caer en una negación con el agente privado.

Esto incrementa los costos de transacción, induce una asignación ineficiente de recursos y reduce el ingreso generado. La corrupción es un indicador de que el marco legal no es adecuado y que el gobierno no está cumpliendo eficientemente con su función.

Por otra parte, si el número de requisitos que las empresas privadas tiene que cumplir para abrir, operar y cerrar es excesivo, además de que se incrementa directamente sus costos, implica que el gobierno está ejerciendo un gasto mayor al óptimo, principalmente en sueldos y salarios. De ahí que sea indispensable evaluar el diseño y la cantidad de leyes y reglamentos para hacer un marco legal transparente y que no pueda tener diversas interpretaciones, para que así se puedan minimizar los costos de transacción en la economía generando un contexto competitivo.

Respecto del servicio médico, que la Constitución no prevé, aunque sí lo hace la Ley de Seguro Social, se aplica el mismo razonamiento destinado a la educación provista por el gobierno, es decir, no es la forma más eficiente de dotar a la población de servicios médicos de alta calidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social no están definidos los derechos de propiedad sobre los recursos recabados por las cuotas y por lo mismo, se presenta el problema de agente principal.

Esto hace que no existan los incentivos adecuados para que esta institución sea eficiente, de forma tal que la calidad del servicio médico en las clínicas y hospitales del IMSS es en general, menor que la que se ofrece en las instituciones privadas.

Por lo anterior, cuando los patrones están dispuestos a ofrecer a sus trabajadores un seguro médico, como una prestación es deseable que el servicio sea provisto por instituciones privadas. Para ello se requiere generalizar el sistema de revisión de cuotas. Así, el IMSS tendría competidores, por lo que, para mantener el presupuesto asignado por el Gobierno para cubrir sus gastos, tendría el incentivo para incrementar su eficiencia y calidad.