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  * Javier Soto Morales

(Segunda de dos partes)

Desde la reforma constitucional de 1992, "se ha privatizado" (desincorporado del régimen ejidal) aproximadamente un poco menos de 3% por ciento de la tierra ejidal y comunal. Se han certificado tres millones 910 mil 319 parcelas que representan 19.2 millones de hectáreas, que se encuentran en manos de tres millones de sujetos agrarios (ejidatarios, posesionarios, avecindados).

Se han certificado poco más de 38.6 millones de hectáreas de superficie de uso común, en promedio a cada ejidatario le corresponden 24.8 hectáreas de dicha clase de superficie. El que se haya logrado avanzar con la certificación de la propiedad social, ha contribuido a una mayor seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Pero desafortunadamente, una característica en la realidad respecto de los tratos y contratos agrarios, es que su característica es la informalidad, ya que se estima que el 80% de tales tratos son acuerdos verbales. Además, no se registran ante las directivas ejidales, instituciones agrarias, municipales o notarios públicos. Pesan mucho los usos y costumbres, que la formalidad del contrato, "la palabra" es la que cuenta, según dicen algunos.

El 6 de noviembre de 2006, se concluyó el Procede con un avance de casi 95% de la superficie a certificar a nivel nacional. Al concluir la titulación, ya no habrá nada que regularizar o repartir, por lo que la Secretaría de la Reforma Agraria más que desaparecer debe de pasar a ser una Secretaría de Ordenamiento Territorial de Uso de Suelo.

A pesar de esto, la problemática es seria, miles de campesinos no han recibido los títulos de propiedad de su tierra, dejando abierta la puerta para que se incrementen las controversias a ventilar en los tribunales agrarios, y entonces podemos preguntarnos:

¿Qué sucede cuando en las relaciones del campo existen controversias entre las sociedades mercantiles y sus socios y los ejidos? ¿Qué sucede cuando los grandes inversionistas se enfrentan a quienes aportan la tierra?

Tales cuestionamientos llevan a la reflexión, dejando en claro, que es a través de los tribunales agrarios como llegan a legalizarse hoy en día muchos de los cambios en la tenencia de la tierra, pero esto frena el desarrollo del país, ya que el escenario de las controversias agrarias en los tribunales es alarmante, dado que existen casos, que se remontan a los años 40´s que permanecen en los tribunales agrarios, lo que no deja de ser una incógnita en cuanto al futuro del México rural.

Estos problemas plenamente identificados, con toda certeza no podrán resolverse sólo con una reforma burocrática. En realidad, los problemas que se han identificado incumben al sistema legal mexicano, el cual no se presta a cambios fácilmente, sino que en ocasiones "hace el cambio imposible".

Con todo esto, es evidente que "sin modernizar" completamente nuestro sistema legal, "la problemática agraria" perdurará hasta un futuro aún distante.

En resumen, no existe una solución final y definitiva para solucionar los problemas de la tenencia de la tierra en México; seguirán surgiendo nuevas circunstancias que requerirán otros análisis que conduzcan a nuevas soluciones, y es en esto, en donde se requieren auténticos profesionales del derecho, que bajo la especialización en materia agraria y una ética profesional a toda prueba, vengan a contribuir al desarrollo de inversiones y proyectos productivos en la propiedad rústica, a través, de una real seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

* Consejero de la ANADE Jalisco, Colegio de Abogados.

miguelangelmtz@prodigy.net.mx