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  JUSTICIA Y DEMOCRACIA

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, se puso de moda entre la clase política, como parte de la agenda de reformas estratégicas para el Estado Mexicano, la reconstrucción de la política fiscal, la renovación del sector laboral del país, el replanteamiento de la estructura del Estado y por ende las relaciones entre poderes, además de otras no menos importantes.

Desafortunadamente, las iniciativas presidenciales no obtuvieron los consensos necesarios en las Cámaras del Congreso de la Unión, y por lo menos hasta ese momento, quedaron como un ideario de buenos deseos que duermen en alguna oficina en San Lázaro.

Con posterioridad, pasado el polémico proceso electoral de 2006, el presidente Calderón adoptó el compromiso de impulsar entre los nuevos legisladores federales, las iniciativas de reformas en materia fiscal, laboral, energética y del Estado.

El trabajo de cabildeo ha sido intenso, y la coyuntura política del momento, que incluye un numeroso grupo parlamentario afín al partido del presidente, aunado a la negociación con los demás partidos de oposición, a excepción del PRD, han posibilitado lograr algunos avances, por ejemplo, en materia fiscal, se aprobaron paquetes importantes de modificaciones legales para evitar problemas como la doble tributación, la excesiva carga impositiva en el sector "cautivo" de los contribuyentes, y se avanza, aunque lento en el rediseño del esquema de recaudación, lo que incluye el análisis de la funcionalidad de los impuestos que actualmente gravan las actividades económicas en nuestro país.

Por lo que hace a la reforma del Estado, se plantean entre otros temas la reducción del número de legisladores, la ampliación del periodo de Gobierno municipal de los ayuntamientos de tres a seis años, la redistribución de facultades entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, la creación de un Tribunal Constitucional con vocación propia y ajeno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su caso, la creación de una Sala Constitucional al interior de la misma, entre muchos otros interesantes temas que aún se encuentran en deliberación en los órganos legislativos.

Sin embargo, quiero poner el acento en esta ocasión, en la discutida reforma "energética", que para los estudiosos del tema, debió llamarse más propiamente petrolera.

Durante el transcurso del año 2008, el presidente de origen michoacano, presentó a través de su secretaria de Energía, Georgina Kessel, una iniciativa para reformar la estructura de la empresa paraestatal Pemex, y para ello propuso entre otras medidas, repensar el esquema fiscal de la empresa, aligerando su carga impositiva.

Otra medida que contempló la reforma fue posibilitar a la paraestatal de autonomía técnica y de gestión, con el propósito de librarla de trabas administrativas que le permitieran ser más competitiva en el entorno comercial internacional.

Y además se propuso la distribución de bonos amortizables de circulación general con el afán de capitalizar a la empresa para la inversión de proyectos ambiciosos, como el famoso tema de los yacimientos en aguas profundas en el Golfo de México, o en Chicontepec, que es 3.8 veces mayor que Cantarell, pero a diferencia de éste, no se localiza en el mar -en aguas someras o profundas-, sino en cuevas, y en una especie de "bolsones", alojados en cavernas, de paredes rocosas, lo que complica su extracción.

Dichas inversiones son trascendentes para la seguridad económica de la República, sobre todo ahora que complejos de extracción como Cantarell y Ku Maloob Zaap, empiezan a agotarse.

En este orden de ideas, sostengo que si bien, esta reforma se queda corta en términos de una reforma energética integral, es un avance que ha beneficiado la operatividad de Pemex, sin privatizarlo como muchos sectores de la sociedad reclamaban.

Sin embrago, temas muy importantes de la política energética mexicana han quedado en el tintero, como la producción de etanol como fuente alterna de suministro, que valdría la pena decir que el primer paso es abatir el déficit de abasto de granos como el maíz, el sorgo y de otros productos como la caña de azúcar, que son necesarios para el desarrollo de este energético.

Esta tecnología, creada a base de la biomasa, es una prometedora opción para la no lejana carencia de combustibles fósiles, no obstante para instrumentarla, se hace imprescindible repensar la política pública de impulso al campo mexicano, que se vuelve vital ante este nuevo escenario mundial de escasez de fuentes de energía.

La actuación decidida y conciente de las autoridades, asociada con el compromiso por el ahorro y la optimización de los recursos por parte de la ciudadanía, serán clave para afrontar con mejores expectativas las circunstancias difíciles que nos presenten los próximos años en esta materia.

* Académico y analista electoral.

analisis@notiemp.com