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  JUSTICIA Y DEMOCRACIA

Pasadas las disputas internas en los partidos políticos por las candidaturas a los cargos de elección popular, luego de las campañas ante la ciudadanía, con todos los dimes y diretes, de los mítines, publicidad en prensa, radio, televisión e Internet, de los debates frustrados, de las siempre polémicas encuestas, luego de la jornada electoral y sus resultados, y ahora la etapa judicial en los tribunales, es hora de analizar lo que viene para el país.

En el marco nacional, tendremos claramente una división de fuerzas, desde la conformación de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, que tendrá una nueva primera minoría que podría convertirse en mayoría, con la consecución de alianzas con otras partidos.

Esta circunstancia, presenta a un partido oficial obligado a buscar a la oposición para sacar adelante los planes y programas que tenga en los próximos tres años, sabedor que la recta final de la administración federal demandará una estrategia infalible para situar al posible candidato presidencial del 2012, sobre todo ahora que dicho partido se ha cimbrado ante la renuncia de su dirigente nacional, y las acusaciones mutuas por los resultados electorales del pasado 5 de julio.

Por lo que ve al principal partido en la oposición, ha dado un paso importante en la conquista de posiciones clave de cara a la estrategia para reconquistar Los Pinos; el PRI logró recuperar dos gubernaturas en manos de Acción Nacional, como Querétaro y San Luis Potosí, y aún con la pérdida de Sonora, el Revolucionario Institucional mantiene la mayoría de los gobiernos locales, y adicionalmente alcanzó triunfos estratégicos en plazas que fueron tradicionalmente bastiones panistas.

Esta reconfiguración de fuerzas, obliga a los actores a repensar sus acciones de Gobierno, y ante todo, priorizar las necesidades sociales como eje de sus proyectos de trabajo. La sociedad mexicana ha dado un claro mensaje a través de las urnas, no tolerará más abusos, corrupción, omisiones y arbitrariedades.

En el caso local, en muchas posiciones políticas se presentarán cambios de Partidos en las administraciones municipales, y este tema nos hace pensar en la imperiosa urgencia de regular a cabalidad los procesos de entrega-recepción.

Si bien existen manuales administrativos y disposiciones aisladas en diversos ordenamientos, que regulan esta práctica democrática, lo cierto es que hay que tener presente que el tiempo que media desde que las nuevas autoridades son electas, y la fecha en que asumirán formalmente el cargo, debe emplearse para optimizar este complejo proceso, que involucra a todo el aparato municipal.

Además de un ejercicio cívico entre los alcaldes entrante y saliente, en él se realizan tareas trascendentes como el cierre de balances administrativos, el análisis y justificación de las partidas del gasto presupuestado, el avance en la ejecución de los planes parciales de desarrollo y en el plan de trabajo de la administración municipal, el estudio de los estados financieros, a través de los créditos contraídos por el municipio y su aplicación, el análisis de la plantilla de empleados municipales, así como los litigios en que se encuentra involucrado el municipio sobre relaciones laborales, con proveedores, los relativos a la protección del patrimonio municipal, el avance en la ejecución de los contratos de obra pública, los proyectos para la modernización de las dependencias municipales, la estructura y organización de los servicios públicos que administra la comuna, entre muchos otros temas.

Como se ve, las tareas no son pocas y el tiempo es escaso, por lo que convendría avanzar en este proceso de entrega-recepción, a fin de evitar la improvisación, el desorden administrativo, las corruptelas, las cuantiosas indemnizaciones o en su caso, basificaciones a funcionarios que formalmente son de confianza, así como el otorgamiento de licencias o contratos de adjudicación directa "fast track" a amigos o parientes, en pocas palabras, el famoso "Año de Hidalgo".

Muchas voces demandan la reforma constitucional para la ampliación del mandato edilicio de tres a seis años, sin embargo en tanto esto no ocurra, es necesario eficientar el proceso de entrega-recepción de las administraciones públicas municipales, estatales y desde luego la federal, a fin de que la saliente pueda rendir y aprobar satisfactoriamente su cuenta pública, y la entrante pueda asumir con toda cabalidad sus labores e inmediatamente se involucre en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que vive cada sector de la población.

* Académico y analista electoral.

analisis@notiemp.com