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  * Javier Soto Morales

(Primera de dos partes)

Al hablar de la materia agraria, sobre todo en nuestro "citadino" entorno, se percibe la mayoría de las veces una imagen negativa, lo cual es erróneo, reflejándose claramente un desconocimiento de la importancia y proyección de dicha materia en nuestro país.

Los habitantes de las grandes ciudades creemos que tenemos "muy lejos al campo", lo cual no es cierto, ya que es constante el crecimiento y por tanto, indispensable la existencia de reservas territoriales para satisfacer necesidades de vivienda, parques industriales, desarrollos turísticos e infraestructura diversa, y si para ello, no tenemos "la materia prima" que es la tierra, así como una seguridad jurídica sobre la tenencia de la misma, pues resulta imposible apostar al crecimiento y al desarrollo sostenido.

Hay que reconocer que esa "imagen negativa", en cierto modo deriva de que se creía y aún se sigue creyendo, que el derecho agrario sólo tiene que ver con ejidos y comunidades, sujetos o campesinos revoltosos, que en su beneficio afectaban la tierra de los particulares con la protección del Gobierno, conteniendo elementos demagógicos e injustos, utilizándose al campo sólo como "carne de cañón" para la captación de votos a favor de algún candidato o partido político.

Lo anterior, tiene su razón de ser, y en parte algunas cosas son ciertas. Es evidente que el derecho agrario regula los ejidos y comunidades, pero también regula la propiedad privada inmueble de carácter rústico en aspectos de suma importancia que debemos conocer.

Hablamos pues, de ubicar en el contexto de lo agrario, tanto a los propietarios particulares (pequeños propietarios) y a los núcleos agrarios (ejidos y comunidades), cuyo entorno está en constante movimiento y evolución, tan es así, que hoy en día, tenemos una reforma Constitucional de 17 años, la cual se nutre del antiguo derecho agrario, y que aún, no ha alcanzado una mínima parte de lo que proyectaba, estando pendiente por los estudiosos de la materia, una revisión a fondo que concrete y materialice ese desarrollo del medio rural basado en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

Dicha revisión, es imprescindible, ya que el campo mexicano enfrenta una severa crisis, afectado por la emigración urbana, y la competencia con el extranjero que es el resultado de acuerdos de libre comercio y baja productividad, causada en parte por el marco legal, que limita por ejemplo, la extensión de la pequeña propiedad (artículo 117 LA), como para competir con economías de escala de que gozan por ejemplo grandes empresas transnacionales en otros países.

Resulta absurdo discutir la importancia de lo agrario en México, cuando las cifras demuestran la magnitud y trascendencia de la problemática de la tenencia de la tierra, sirva de muestra lo siguiente:

Propiedad social 103.5 millones de hectáreas.

Propiedad privada 71.6 millones de hectáreas.

Colonias 3.7 millones de hectáreas.

Urbana, federal y otras 13.2 millones de hectáreas.

Total 192 millones de hectáreas.

Los datos anteriores demuestran que la propiedad de aproximadamente un poco más del 90% de la extensión territorial de nuestro país, se encuentra sujeta a la normatividad jurídica agraria y que las actividades que sobre dicha superficie se desarrollan son el sustento de aproximadamente 25 millones de mexicanos.

* Consejero de la ANADE Jalisco, Colegio de Abogados.

miguelangelmtz@prodigy.net.mx