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  No, amable lector, el título que lleva esta colaboración no se refiere al desenlace de las campañas políticas que recién han culminado, ni menos aún a los resultados electorales que el lunes próximo habremos de conocer. Alude a la situación de ese pequeño país centroamericano, hoy convertido por azares del destino en laboratorio político y jurídico internacional por virtud del enredo en el que desembocaron las maniobras, por una parte del depuesto presidente Manuel Zelaya para reelegirse, y por otra de sus adversarios políticos para intentar justificar el virtual golpe de Estado que llevó a Micheletti a convertirse en presidente de facto de esa nación.

En efecto. Al ignorar Zelaya la resolución de un juez que le impedía efectuar la por él denominada "consulta popular", que en los hechos era realmente un referéndum, para que el pueblo respaldara su iniciativa a fin de modificar la Constitución y así dar paso a la reelección presidencial, cuyo beneficiario directo era precisamente el mandatario en funciones, se colocó al margen de la legalidad cuando dio instrucciones al comandante de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo de cualquier manera esa consulta. Cuando éste se negó argumentando precisamente que no se debía pasar por encima de la resolución judicial, dicha orden se la confirió al Jefe del Estado Mayor, quien igualmente se rehusó a cumplirla, todo lo cual dio oportunidad preciosa a los opositores de actuar en contra del Mandatario mediante ese golpe, en el que con lujo de violencia fue expulsado del país, mas no contaban con que ese actuar, a todas luces ilegal y arbitrario, convertiría a Zelaya en víctima, papel que ha sabido explotar a las mil maravillas, apoyado ruidosamente por sus correligionarios internacionales, los presidentes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, llegando Hugo Chávez al extremo de amenazar en forma ridícula con derrocar al presidente de facto hondureño.

Pero más allá de esas escenas en las que esos actores se abrazan y manotean y gesticulan, existen razones jurídicas y aún políticas que explican y justifican la actitud que la comunidad internacional ha asumido ante el problema, que no es ni podía ser sino exigir incondicional e Inmediatamente la reinstalación en el cargo del presidente Zelaya, pues al destituirlo se quebrantó el orden constitucional en esa nación y se atentó contra el derecho internacional al violentarse los principios que sostienen a ambos órdenes jurídicos, pues ningún mandatario legítimamente electo puede ser removido de su encargo sino mediante los mecanismos que el propio sistema legal establece y en el cual pueda contar con la posibilidad de defenderse de los cargos que se le hacen. Así al haberlo destituido sin mediar el proceso legal en el que se respeten las garantías de defensa y legalidad, no puede otra persona ostentarse válidamente como presidente porque de hecho es un usurpador, ni quien lo designó afirmar que tienen la autoridad para ello, pues el Congreso al haber actuado así se apartó también de la Constitución. Lo procedente entonces, más allá de simpatías o antipatías, es restituir al Mandatario en su cargo y luego, si existe la presunción fundada de que con su actuar violentó la legalidad, someterlo al procedimiento que permita confirmar esos hechos, para luego proceder a su destitución o en su caso, de no comprobarse, cumplir con el periodo para el cual fue electo.

Ante todo este embrollo, que en realidad no lo es sino para aquellos que así lo quieren ver, cabe preguntarnos: tendrá la comunidad internacional legitimación para exigir, so pena de aplicar fuertes sanciones, a una nación soberana el respeto a la legalidad y a la institucionalidad, cuando internamente existen opiniones divididas sobre el actuar de Zelaya, del Congreso hondureño y de Micheletti. ¿Significará una intromisión en sus asuntos internos indicarle a un pueblo o a un gobierno lo que debe hacer en caso de rompimiento del orden jurídico interno?

No será que se corre así el peligro de que ello se convierta en pretexto que sea aprovechado por naciones poderosas o mandatarios prepotentes para intentar hacerse de recursos e influencias estratégicas en un mundo cada vez más interdependiente.

Es evidente que el mundo sólo sobrevivirá si el derecho ajeno se respeta, pero ese "derecho ajeno", antes frontera nítida y principio incuestionable, se encuentra hoy al parecer acotado por los otros grandes principios, convertidos paradójicamente en elementos de sobrevivencia universal, como la coexistencia pacífica entre las naciones mediante el respeto y en muchos casos subordinación del derecho interno al internacional. En todo caso, el que los gobiernos ajusten su proceder al orden jurídico, tanto internacional como nacional, será siempre la mejor vía para lograr una convivencia armónica.

Zelaya debe volver al poder porque así lo quiso el pueblo hondureño cuando votó por él. La comunidad internacional ha respaldado por eso su retorno, independientemente de ideologías o fobias. Así de sencillo. Aunque en su megalomanía Hugo Chávez profiera amenazas a diestra y siniestra, lo que es de hecho mucha más grave que lo sucedido en Honduras, debiera establecerse un mecanismo de diálogo a fin de que a la brevedad sea allá reestablecido el orden constitucional. Ello será mucho más eficaz y prudente que aplicar sanciones o recurrir a la violencia.